El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València llevará a la próxima comisión de Urbanismo una moción para reclamar al gobierno de María José Catalá la aplicación de un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y a los alojamientos de uso turístico.
La propuesta ha sido anunciada este jueves por el portavoz socialista, Borja Sanjuan, quien sostiene que la nueva normativa estatal permite ya a los ayuntamientos aplicar incrementos de hasta el 150% en determinados casos. La posibilidad existe efectivamente en la legislación estatal, aunque su aplicación concreta depende de la ordenanza fiscal municipal.
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Hasta un 150% para propietarios con cuatro o más viviendas turísticas
La reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los ayuntamientos de municipios situados en una zona de mercado residencial tensionado establecer un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI para viviendas residenciales destinadas a alojamiento turístico.
Ese porcentaje puede elevarse:
- hasta el 100% cuando el titular tenga dos o más inmuebles destinados a uso turístico;
- hasta el 150% cuando tenga cuatro o más viviendas dedicadas a ese uso.
La propia norma establece que corresponde a cada ayuntamiento regular mediante ordenanza fiscal los aspectos materiales y formales necesarios para aplicar estos recargos.
Los socialistas calculan una recaudación de 4,25 millones
Sanjuan asegura que, si València aplicara el máximo previsto por la nueva normativa, el Ayuntamiento podría recaudar hasta 4,25 millones de euros.
El dirigente socialista propone destinar esos ingresos a políticas de vivienda.
“Podríamos pagar las ayudas al alquiler que Catalá dice que no puede pagar porque no tiene dinero o incluso contratar inspectores para cerrar los apartamentos turísticos”, ha señalado Sanjuan al presentar la iniciativa.
La cifra de 4,25 millones corresponde a la estimación realizada por el grupo municipal socialista; no consta en la norma estatal como una previsión oficial de recaudación.
También reclaman gravar las viviendas vacías
La reforma estatal no se limita a las viviendas turísticas.
También modifica el régimen aplicable a los inmuebles residenciales que permanezcan desocupados de forma permanente, permitiendo a los municipios incrementar el IBI bajo determinadas condiciones.
En municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado, el recargo puede alcanzar inicialmente el 50%, elevarse al 100% en determinados supuestos relacionados con propietarios de cuatro o más viviendas y aumentar todavía más cuando la desocupación supere los tres años.
La legislación contempla además excepciones para viviendas desocupadas por causas justificadas, como traslados laborales, dependencia, problemas de salud, obras, litigios o inmuebles puestos en venta o alquiler durante determinados periodos.
Una posibilidad, no una obligación automática
Uno de los aspectos clave de la nueva regulación es que el Estado habilita a los ayuntamientos para aplicar estos recargos, pero no los impone automáticamente.
La Moncloa explica que las entidades locales podrán exigir hasta un 50% adicional a los pisos turísticos y elevarlo al 100% o 150% según el número de inmuebles turísticos que posea el titular.
Para que la medida llegue a aplicarse en València sería necesario, por tanto, que el Ayuntamiento modificara su ordenanza fiscal correspondiente.
La moción socialista busca precisamente que el gobierno municipal dé ese paso.
El debate sobre los pisos turísticos vuelve al Ayuntamiento
La iniciativa abre un nuevo frente político sobre el modelo turístico y el acceso a la vivienda en València.
El PSOE defiende que utilizar el IBI como herramienta fiscal permitiría aumentar la presión sobre los propietarios que concentran varias viviendas turísticas y obtener al mismo tiempo ingresos adicionales para políticas municipales de vivienda.
Ahora será la comisión de Urbanismo la que debata la propuesta, antes de cualquier eventual modificación de las ordenanzas fiscales municipales.
