El PSPV-PSOE ha criticado que el Consell únicamente ha ejecutado el 3,24% de las inversiones destinadas a mejorar cauces, barrancos y a reducir el riesgo de inundaciones, un año después de la DANA. Ana Belén Juárez, portavoz socialista de Agua en Les Corts, responsabilizó a los consellers de Agricultura, Miguel Barrachina, y de Reconstrucción e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, de “poner en riesgo la vida de la ciudadanía debido a la escandalosamente baja ejecución presupuestaria” y señaló una “parálisis absoluta en materia hidráulica”.
Juárez afirmó que “un año después de la mayor tragedia de nuestra historia, el Consell ha optado por la inacción” al preferir “proteger sus sillones antes que a la ciudadanía”. Además, insistió en que “la Comunidad Valenciana merece un gobierno que gestione, planifique, actúe y crea en la ciencia, no uno que se rinda ante los negacionistas de la extrema derecha”. También acusó a Barrachina y Martínez Mus de transformar sus consellerias en “un desierto de gestión” y de no creer en la emergencia climática, subrayando que no han ejecutado los recursos disponibles y ponen en riesgo a la ciudadanía valenciana.
Según los últimos datos de la Generalitat Valenciana, de los 57.696.123 euros presupuestados en 2025 para la reparación de cauces, barrancos, drenajes urbanos, defensa frente a inundaciones y obras derivadas de la DANA, solo se ha ejecutado un 3,24%, es decir, 1.867.965,6 euros. Juárez destacó que esto contrasta con los 220 millones de euros ejecutados por el Gobierno de España en obras de emergencia, criticando que “mientras el Gobierno de España cumple, el Consell PP-VOX mira hacia otro lado”.
El PSPV considera particularmente preocupante la situación de las inversiones destinadas a la reducción del riesgo de inundaciones en núcleos urbanos, de las cuales solo se ha ejecutado el 2,81% de los 21.187.760 euros asignados. Juárez señaló que “proyectos esenciales como los tanques de tormenta de San Isidro, la red de evacuación de pluviales en Almoradí, la ampliación del barranco de la Casella en Alzira, o las reparaciones de cauces urbanos siguen completamente parados”. Además, subrayó que la Ley 2/2015 de Ordenación del Territorio y la Ley 4/2006 de Evaluación Ambiental obligan a la Generalitat a mantener, limpiar y asegurar los cauces en zonas urbanas, calificando la inacción como “negligencia institucional”.
Juárez también identificó la falta de intervención en la Presa de Buseo, única de propiedad de la Generalitat, como “especialmente grave”. A pesar de haberse presupuestado 7.873.480 euros, solo se ha ejecutado un 2,34%. Durante la DANA, Juárez señaló que “nadie supervisó la presa, nadie activó protocolos, y nadie avisó a la ciudadanía de Sot de Chera del riesgo de desbordamiento”, lo que resultó en la muerte de dos vecinos. Un año después, ninguna acción ha sido tomada, lo que calificó como “inadmisible”.
