El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha criticado la gestión de viviendas llevada a cabo por María José Catalá. Según Sanjuan, la alcaldesa estaría abandonando la construcción de 1.900 viviendas públicas en favor de proyectos inmobiliarios que priorizan piscinas privadas y otras zonas comunes. Esta situación, comentó, encarece los precios de las propiedades, haciendo más difícil para los residentes adquirir una vivienda.
Sanjuan, junto a la concejala socialista María Pérez, señaló que los Planes de Actuación Integrada (PAI) promovidos por el gobierno de Catalá no contemplan viviendas públicas dotacionales. Estas, explicó, son una forma de obtener viviendas sin agotar la edificabilidad y deben mantener siempre su carácter público, lo cual impide que se transfieran a promotoras o fondos de inversión.
El portavoz especificó que ni el PEPRI de San Miguel de los Reyes, ni el Área Funcional de Campanar, el PAI del Grao, ni el PAI del Parque Central incluyen esta modalidad de vivienda. Además, en Benimaclet, solo 79 de las 1.345 viviendas previstas son dotacionales.
Según el grupo socialista, esto representa una desviación respecto a la política de vivienda de los socialistas, quienes durante sus ocho años de gestión en Urbanismo favorecieron un mayor porcentaje de vivienda pública en los desarrollos. Por ejemplo, en el PAI del Grao se proyectaba un 13% de vivienda pública, en el PEC del Cabanyal un 64%, y un 60% en VPP para otra área del Cabanyal. En Benimaclet, eliminaron las áreas comunes privadas para crear 15.000 metros cuadrados destinados a vivienda dotacional.
María Pérez añadió que las políticas actuales impulsan un tipo de vivienda que prioriza zonas comunes como piscinas y gimnasios, en lugar de locales comerciales en planta baja, lo que incrementa los costos hasta un 65% según datos de Idealista, afectando a Valencia con un aumento del 38%.
Finalmente, los socialistas proponen que todos los PAI incluyan, como mínimo, un 20% de vivienda pública dotacional adicional respecto al total previsto en los desarrollos. Esto permitiría la construcción de 533 viviendas públicas en el Grao, 269 en Benimaclet, 1.000 en el Parque Central y 115 en San Miguel de los Reyes. Según Pérez, estas son 1.917 viviendas que los valencianos no podrán tener debido a las decisiones del gobierno municipal.
