El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado 40 enmiendas a los nuevos estatutos del Patronato de Vivienda con el objetivo de “blindar el parque público” y evitar que las propiedades municipales sean puestas a la venta en el mercado libre. Asimismo, proponen restricciones explícitas para que la entidad no construya inmuebles destinados al mercado libre, ya que consideran que el principal objetivo debe ser la función social de la vivienda, de acuerdo con un comunicado del PSPV.
En este sentido, los socialistas han solicitado que la gerencia se profesionalice para prevenir las “puertas giratorias”, impidiendo que personas que han ocupado cargos públicos o de confianza en los últimos cuatro años sean designadas, a menos que pasen por un proceso de oposición pública. La intención es asegurar la imparcialidad, profesionalidad y transparencia en los nombramientos para funciones directivas.
Ana Barceló, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, ha subrayado que “blindar” el Patronato de Vivienda busca garantizar su función social, evitando que el gobierno de Luis Barcala lo transforme en una promotora dedicada a construir y vender viviendas en el mercado libre. Barceló también enfatizó la importancia de impedir la designación de personas que han tenido cargos públicos recientes para la gerencia y abogó por un patronato más participativo, con reuniones más frecuentes y atención a la emergencia habitacional, así como la integración de jóvenes y entidades que trabajan con colectivos vulnerables.
Entre las enmiendas propuestas, destaca la creación de una unidad para la movilización de viviendas vacías y la modificación en la frecuencia de las reuniones del patronato, que pasarían a ser trimestrales, en lugar de semestrales como plantea el PP. También se propone la inclusión de un representante del consejo local de juventud de Alicante y uno de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (Reapsha) para fomentar la participación social.
El PSPV busca evitar que el poder del consejo rector se diluya, permitiendo que este órgano, y no la presidencia, apruebe el plan estratégico de vivienda y las bases para la adjudicación de vivienda pública.
Por otro lado, Silvia Castell, edil del PSPV, ha exigido que el Patronato de la Vivienda incluya una cláusula que promueva acciones para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. También ha solicitado el uso de un lenguaje inclusivo en el texto, en consonancia con la ley de igualdad de género, para evitar el lenguaje sexista.
