En Valencia, el PSPV ha declarado que acatará las decisiones judiciales tras la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y su socio. Ambos están acusados de irregularidades en la obtención de subvenciones para fomentar el uso del valenciano, gestionadas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2018.
El Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, encargado del caso, considera que Puig y su socio, Juan Enrique Adell Bover, podrían haber cometido un delito continuado de falsedad en documento mercantil en conjunto con un delito de estafa agravada. Se han impuesto fianzas de 147.589,29 y 99.614,33 euros a los acusados.
José Muñoz, síndic del PSPV, ha destacado que el partido respetará las decisiones judiciales y ha subrayado que, a diferencia de los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, ningún miembro del anterior Ejecutivo del Botànic está imputado.
Por su parte, Joan Baldoví de Compromís ha expresado su confianza en el proceso judicial y ha dejado claro que no hay irregularidades administrativas por parte del gobierno del Botànic.
Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha reprochado al PSPV su falta de responsabilidad política y ha comparado el caso con el de Nóos, sugiriendo que Ximo Puig debería dimitir de su cargo actual como embajador de España en la OCDE. También ha relacionado este asunto con el caso del exministro José Luis Ábalos, quien enfrenta sus propias acusaciones de corrupción.
José María Llanos, de Vox, consideró que la noticia no es sorprendente dado que, según él, se trata de una “banda mafiosa y criminal” vinculada al PSOE. Llanos ha vinculado estas acusaciones con otros casos de corrupción que involucran a figuras socialistas destacadas, manteniendo, no obstante, la presunción de inocencia.
