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La guerra por el control de las redes sociales ha sumado un nuevo episodio con sabor internacional. El fundador y consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, ha enviado un mensaje directo a todos los usuarios españoles de la aplicación criticando abiertamente la intención del Gobierno de limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años.
La reacción de Moncloa fue casi inmediata. Apenas unas horas después, el presidente Pedro Sánchez contestó públicamente desde la red social X con una frase cargada de ironía:
“Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.
Un mensaje masivo sin pedir permiso
El envío del mensaje por parte de Dúrov no pasó desapercibido. No fue una publicación en su perfil personal, sino una notificación directa distribuida a millones de usuarios españoles a través del canal oficial de Telegram.
Precisamente este gesto es lo que el Gobierno considera la mejor prueba de su tesis:
que las plataformas digitales poseen hoy un poder de influencia política y social sin precedentes, sin apenas mecanismos de control democrático.
Desde Moncloa se difundió un documento interno con datos y argumentos para desmontar el contenido del mensaje y subrayar una idea clave: si un directivo extranjero puede dirigirse directamente a toda una población sin autorización, la regulación es inevitable.
Las críticas de Dúrov
En su comunicado, el empresario ruso advertía de que la prohibición de redes a menores “amenaza las libertades en internet” y abría la puerta a:
- Sistemas de verificación de identidad masiva.
- Recopilación de datos personales.
- Pérdida del anonimato.
- Sobrecensura por miedo a sanciones penales.
También acusaba a los gobiernos de querer imponer “definiciones vagas de odio” para controlar el discurso público y silenciar opiniones incómodas.
La respuesta política
Desde el Ejecutivo se insiste en que la propuesta no busca censurar, sino proteger a los menores y responsabilizar legalmente a las plataformas por los contenidos que alojan.
El mensaje de Dúrov, según fuentes gubernamentales, demuestra exactamente el problema:
que los dueños de las redes actúan como actores políticos globales, con capacidad para presionar a estados desde sus propias plataformas.
En un contexto de tensión internacional
El choque con Telegram llega apenas días después del enfrentamiento público entre Sánchez y Elon Musk, propietario de X, tras acusaciones cruzadas de desinformación, manipulación política y generación de contenidos ilegales mediante inteligencia artificial.
El propio Dúrov no es ajeno a la polémica. En 2024 fue imputado por la Justicia francesa por diversos delitos relacionados con blanqueo y actividad criminal organizada, aunque él siempre ha defendido su inocencia.
Más que una discusión tecnológica
Lo ocurrido no es solo una anécdota entre un empresario y un presidente. Es un síntoma de un conflicto mayor:
- ¿Quién controla la conversación pública?
- ¿Deben las redes rendir cuentas como los medios tradicionales?
- ¿Tienen legitimidad los directivos tecnológicos para intervenir en debates políticos nacionales?
Para el Gobierno español, el episodio refuerza su posición:
las plataformas ya no son simples herramientas, son infraestructuras de poder, y por tanto, tarde o temprano, tendrán que ser reguladas como tales.
