Los hoteleros valencianos y nacionales denuncian caos e incertidumbre ante la inminente aplicación del Real Decreto 933/2021. Las exigencias desproporcionadas y la falta de adecuación tecnológica hacen inviable su implementación.

El sector hotelero, pieza clave en la economía de España y, particularmente, de la Comunitat Valenciana, se enfrenta a uno de sus mayores desafíos con la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. A menos de dos semanas para la aplicación de la última prórroga de esta normativa, que obliga a todos los subsectores turísticos a recabar y compartir datos sensibles de los viajeros, los hoteleros advierten de graves consecuencias para la operativa del sector y posibles conflictos con la legislación europea.

La normativa y su aplicación confusa

El Real Decreto 933/2021, aprobado en octubre de 2021, fue ideado con la intención de reforzar la seguridad y mejorar el control sobre los viajeros que acceden a los alojamientos turísticos en España. En un principio, esta legislación establecía que posteriormente se desarrollarían de manera más detallada, a través de una orden ministerial, las especificaciones sobre qué datos debían ser proporcionados por cada subsector del turismo, incluyendo alojamientos, agencias de viajes, plataformas de intermediación, alquiler de coches y otros servicios relacionados.

Sin embargo, el sector turístico ha levantado la voz para denunciar la falta de desarrollo reglamentario, lo que ha generado una enorme incertidumbre. Los hoteleros y otros profesionales implicados no tienen claro cuáles son exactamente los datos que deben recabar ni cómo deben enviarlos a las autoridades. Este vacío legislativo, sumado a la inminente aplicación de la norma, ha generado una gran preocupación entre las patronales turísticas.

“Nos exigen datos que no aparecen en ningún documento oficial que portan los viajeros, como el domicilio real, teléfono móvil o la forma de pago, algo imposible de automatizar y que implicaría un trabajo manual excesivo”, señala CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, en un comunicado dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Los principales retos para el sector hotelero

Entre las críticas más contundentes del sector destacan las siguientes:

1. Incompatibilidad con la normativa europea de protección de datos

El sector hotelero señala que la recolección masiva de datos personales que exige la nueva normativa podría estar en conflicto con las normativas europeas de protección de datos. La sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) subraya que el tratamiento masivo de datos sin salvaguardias adecuadas vulnera los principios de proporcionalidad y minimización de la información recogida, lo que genera un riesgo de sanciones tanto para los establecimientos turísticos como para el propio gobierno español.

Esta preocupación se agrava al recordar que la normativa, tal como está planteada, no ofrece mecanismos claros para la protección de la privacidad de los turistas, generando inseguridad jurídica y temor a posibles acciones judiciales.

2. Imposibilidad de cumplimiento operativo

La exigencia de recoger datos como el número de tarjeta de crédito, domicilio real y teléfono móvil de los viajeros ha sido calificada como inviable por los hoteleros, quienes argumentan que ni siquiera los documentos oficiales como el DNI o el pasaporte contienen esta información. La normativa implica que estos datos deben ser recolectados manualmente, lo que incrementa el riesgo de errores y añade una carga de trabajo desproporcionada para los hoteles y otros establecimientos turísticos.

Este problema afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la gran mayoría del sector turístico en España. La implementación de este sistema de recolección de datos conlleva un aumento significativo en los costes operativos, lo que muchas pymes no están en condiciones de asumir.

3. Desventaja competitiva frente a otros países europeos

Los representantes del sector también han advertido que la normativa coloca a las empresas turísticas españolas en una clara desventaja competitiva en relación con otros países europeos. Mientras que en otras naciones de la Unión Europea no se imponen requisitos tan estrictos, las empresas que operan en España se verán obligadas a asumir una carga administrativa desmedida, lo que podría desalentar a los viajeros internacionales y afectar negativamente el flujo de turismo hacia el país.

4. Falta de infraestructura tecnológica adecuada

Otro de los puntos críticos es la falta de preparación tecnológica para implementar este sistema de control de viajeros. A día de hoy, la infraestructura necesaria para gestionar el registro y comunicación de los datos de los viajeros no está plenamente operativa. Esto no solo dificulta el cumplimiento de la normativa, sino que aumenta el riesgo de fallos y posibles sanciones para los establecimientos turísticos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea han señalado ya que la normativa no está alineada con las realidades operativas del sector, lo que refuerza las preocupaciones de los hoteleros. Además, la distribución de competencias en materia de seguridad dentro de España implica que diferentes regiones del país puedan tener distintos sistemas para gestionar estos datos, lo que añade una capa adicional de complejidad para las empresas que operan a nivel nacional.

5. Carga administrativa desmesurada

Uno de los mayores temores de los hoteleros es el impacto que esta normativa tendrá en términos de carga administrativa. Las nuevas obligaciones de registro e identificación no solo incrementarán el trabajo manual y los costes operativos, sino que también expondrán a las empresas a graves sanciones económicas en caso de incumplimiento. Esto, a su vez, podría afectar la reputación de los establecimientos y poner en riesgo la confianza de los turistas.

Las demandas del sector

Ante este panorama, CEHAT y las principales patronales del turismo, entre ellas HOSBEC (Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana), han dirigido sus quejas a los ministerios de Turismo e Interior, exigiendo una revisión urgente del Real Decreto 933/2021. Solicitan una mayor claridad sobre los datos exigibles, la minimización de los mismos y un periodo largo de adaptación para permitir que las empresas adecuen sus sistemas operativos y tecnológicos.

Asimismo, insisten en la necesidad de alinear esta normativa con las disposiciones europeas sobre protección de datos para evitar sanciones y litigios que podrían agravar aún más la situación del sector turístico, ya de por sí golpeado por la pandemia y otros desafíos económicos recientes.

¿Qué pasará si no se modifica la normativa?

Si no se produce una revisión de la normativa, los hoteleros advierten que será imposible cumplir con sus exigencias. Esto no solo afectará a la operativa diaria de los establecimientos turísticos, sino que también podría poner en riesgo la calidad y fiabilidad de los datos que actualmente proporcionan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, complicando la lucha contra el terrorismo y otras actividades delictivas.

¿Crees que la normativa de control de viajeros debe ajustarse para garantizar la protección de datos y evitar una sobrecarga al sector turístico?

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