El síndic de Comptes constata “buenas intenciones” de Ayuntamientos en materia ambiental pero “no avaladas por hechos”

 

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Solo un 37,1% de las entidades analizados desarrolló controles para detectar las infracciones de las ordenanzas

VALÈNCIA, La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría operativa en materia medioambiental de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes durante el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018, en la que constata que, en líneas generales, el trabajo elaborado concluye que existen “buenas intenciones” pero estas “no están avaladas por hechos”.

Según señala la entidad en un comunicado, la mayoría de los ayuntamientos expresan su compromiso con el medioambiente, pero el análisis realizado pone de manifiesto que esta apuesta “se queda en una mera declaración de intenciones” ya que es “muy bajo” el porcentaje de consistorios “realmente comprometidos”.

Este trabajo se enmarca dentro del programa iniciado por la Sindicatura en 2018 de fiscalización de las actuaciones locales en materia medioambiental, que ha sido llevado a cabo en coordinación con el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo.

La auditoría ha constado de dos fases diferenciadas. La primera ha consistido en un análisis global de las actuaciones y medidas adoptadas en materia medioambiental, así como de su financiación, de los 97 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes con que contaba la Comunitat Valenciana a 1 de enero de 2017.

Las actuaciones de planificación medioambiental analizadas se han llevado a cabo, fundamentalmente, a través de tres vías: la adhesión de las entidades a la Agenda 21 Local de la Organización de las Naciones Unidas; la realización de actuaciones encaminadas a la implantación de los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) establecidos por la Unión Europea y la adhesión a redes de municipios con objetivos medioambientales.

AGENDA 21

El 73,2 por ciento de los ayuntamientos se adhirieron a la Agenda 21, entre ellos, todos los mayores de 100.000 habitantes. Tan solo el 6,2% de las entidades finalizaron las actuaciones previstas (Elche, l’Eliana, Mutxamel, Oliva, Pilar de la Horadada y Sagunto).

En Sistemas de Gestión Medioambiental, cuya implantación en una entidad supone el reconocimiento oficial del compromiso del ayuntamiento respecto del medio ambiente y permite que la organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto en esta área, solo el 23,7% dispone de este procedimiento.

Asimismo, apenas el 3,1% (Benidorm, Cullera y València) obtuvieron la Declaración Medioambiental del SGM, documento mediante el cual dan a conocer a todas las partes interesadas la información sobre el impacto ambiental causado y el comportamiento ambiental de la entidad.

Por otra parte, el 68,0% de los 97 ayuntamientos se encuentran integrados en una o más agrupaciones creadas como secciones de la Federación Española de Municipios y Provincias con objetivos comunes en materia medioambiental. El 43,3% de la muestra se encuentra adherido también a otros acuerdos o convenios en materia medioambiental que les permiten avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Entre los aspectos llevados a cabo por las entidades tras la planificación realizada, en ejecución de sus políticas o proyectos medioambientales, figuran que el 59,8% de las entidades han aprobado normativa medioambiental específica; el 51,5% ha llevado a cabo acciones medioambientales en el desarrollo de su propia actividad y el 68,0% ha realizado medidas para sensibilizar y difundir entre la población hábitos personales y sociales dirigidos a la defensa y protección del medio ambiente y al mantenimiento del equilibrio ecológico.

Por contra, solo un 37,1% de las entidades ha desarrollado actuaciones de inspección y control para asegurar el cumplimiento de la normativa y detectar las infracciones de las ordenanzas vigentes y únicamente el 0,8% del gasto se destina a la protección y mejora del medioambiente, por lo que es “baja” la importancia de los gastos medioambientales en relación con el total del presupuesto. Asimismo, solo el 17,5% de los ayuntamientos han concedido ayudas o subvenciones para la protección y mejora del medioambiente.

AUDITORÍA OPERATIVA

En la segunda fase se ha efectuado una auditoría operativa sobre cuatro áreas específicas de actuación: contaminación atmosférica, acústica, lumínica y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El alcance subjetivo de esta fase se ha concretado en ocho ayuntamientos. El criterio de selección ha consistido básicamente en seleccionar los consistorios de mayor población, por provincia, y elegir también un municipio al azar entre los de menor población. El grado global de consecución de las medidas analizadas ha sido del 37,1%.

La recogida selectiva de residuos es la que mayor sensibilización presenta, pues los ayuntamientos han llegado a adoptar un 62,5% de medidas analizadas mientras que contaminación lumínica es el área en la que menos medidas han aplicado las entidades seleccionadas, con un grado de consecución de solo un 18,8%.

Ninguna de las ocho entidades seleccionadas supera el 50,0% en la realización de las medidas analizadas. Así, en Elche ha sido del 48,6%; en València, también del 48,6%; en Alicante, del 45,7%; en
Vila-real, del 42,9%; en Castelló, del 34,3%; Torrent, del 31,4%; Alzira, 28,6% y Torrevieja, 17,1%.

 

 

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