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El Supremo condena a 22 años a un hombre que amenazó a cinco mujeres para tener sexo online

 img_dduch_20180420-170926_imagenes_lv_propias_dduch_21180420-43_4_5_946776980-kr7-U4511159750347AH-992x558@LaVanguardia-WebEl Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 22 años y siete meses de prisión impuesta por la Audiencia de Valencia para un hombre que amenazó a cinco mujeres con difundir datos comprometedores de contenido sexual a través de Internet si no accedían a realizar prácticas sexuales ante él con una cámara web.

Una práctica conocida como “sextorsión”, denominación con la que se califica este tipo abusos sexuales cometidos por Internet a través de la extorsión a sus víctimas. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2010, cuando el condenado accedió a los archivos personales de contenido sexual de las cinco víctimas a través de un sofisticado programa informático, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que ahora ha sido confirmada por el alto tribunal.

El hombre amenazaba a las mujeres con difundir datos comprometedores de contenido sexual

En concreto, les enviaba un correo electrónico que al abrirlo introducía un virus y le daba vía libre para acceder a todos los contenidos, momento en el que les amenazaba con hacerlos públicos. A través de esta artimaña, consiguió que tres de ellas aceptaran mantener contacto con él y desarrollar “conductas de contenido sexual” mediante una cámara web a petición del condenado, que buscaba satisfacer sus “pretensiones libidinosas” y que ahora deberá indemnizar con 12.000 euros a dos de sus víctimas.

Un relato de hechos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo da por válido al tener en cuenta que en el ordenador del condenado se encontró “un programa que permitía acceder a otros ordenadores” y “apoderarse de su contenido, lo que concuerda con las declaraciones de todas las víctimas”.

Les enviaba un mail que al abrirlo introducía un virus y le daba vía libre para acceder a todos los contenidos

Dicho programa, señala la Sala en su sentencia, se convirtió en un “instrumento de chantaje para conseguir sus fines sexuales y amenazarles con su divulgación si no accedían a sus pretensiones”. Para el Supremo, ha quedado acreditado que el condenado cometió varios delitos continuados de abuso sexual de carácter virtual o por internet, un tipo penal que no requiere un “contacto sexual” directo.

Basta con que se acredite la comisión de “actos que vayan encaminados a atentar contra la libertad sexual de las víctimas” realizados sin su consentimiento mediante “la advertencia de difundir archivos de ellas de alto contenido sexual y causándoles, con ello, un gran perjuicio personal y de imagen”. El “modus operandi” generalmente suele ser siempre el mismo: el autor del delito envía un correo a su víctima con un enlace atractivo para ella y al acceder al mismo se descarga el “malware” en su ordenador.

Con ello, el criminal ya tiene acceso a sus contenidos y podrá descargar archivos con los que luego amenazará a la víctima situándose en “una posición de superioridad virtual por internet”. “Es la posición no consentida en la víctima, y forzada por el autor del delito, lo que determina que se haya cometido un delito de abusos sexuales”, apunta la Sala.

En este punto los magistrados alertan de que en muchos casos las víctimas no se atreven a denunciar por vergüenza de lo que se han visto obligadas a hacer y deciden cortar su contacto con el criminal como única forma de acabar con la “sextorsión”.

Es “la persistencia” de los acosadores lo que puede llevar a las víctimas a denunciar y es solo entonces, prosigue la Sala, donde, a través de la investigación policial del Grupo de Delitos Tecnológicos “puede detectarse la presencia de otras víctimas que hasta ese momento no habían querido denunciar”.

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