VALÈNCIA, El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido provisionalmente el procedimiento de contratación de la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar (judiciales) de la Comunitat Valenciana, que había sido convocado por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y que, según Aerte, “excluye a las entidades mercantiles”.
Según ha informado Aerte en un comunicado, el tribunal ha aprobado la suspensión por “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del procedimiento de contratación, y que son considerados como de difícil o imposible reparación”.
El presidente de Aerte, José María Toro, ha señalado que el Tribunal “considera que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación”.
La Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), al mismo tiempo que otras dos entidades del sector, interpuso el pasado mes de Junio un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra los pliegos del procedimiento.
El motivo era “la imposibilidad de que empresas pudieran presentarse a la gestión de dicho servicio lo que, desde el punto de vista de Aerte, era contrario al artículo 132 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que indica que en ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, que no es el caso que nos ocupa”.
Según Aerte, este martes, “el Tribunal notificaba a las partes que resolvía la concesión de la medida provisional consistente en suspender provisionalmente el procedimiento de contratación por los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del procedimiento de contratación, y que son considerados como de difícil o imposible reparación”.
“La Ley de Contratos del Sector Público es clara cuando impide, de manera tajante, la exclusión de entidades por su forma jurídica en la contratación administrativa por lo que esperamos que el TACRC se pronuncie de manera favorable a nuestra posición en este procedimiento y corrija la decisión tomada por la Conselleria”, ha declarado el presidente de Aerte.
