El Tribunal Constitucional anuló la declaración de independencia de Cataluña y denunció a la ex presidente del Parlament

constitucionalRatifica de esta manera la suspensión que había hecho días después de que la Cámara Legislativa votara la secesión. Carme Forcadell está en la mira por desobediencia a sus sentencias

 El Tribunal Constitucional de España anuló este miércoles la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlamento catalán el 27 de octubre pasado y que ya había suspendido cautelarmente.

El pleno del Constitucional decidió también denunciar por desobediencia a sus sentencias a la ex presidente de la Cámara regional, Carme Forcadell, y a dos de los integrantes de la Mesa, su órgano rector.

Se trata de las medidas que había solicitado el Gobierno español en su recurso, que jurídicamente se denomina incidente de ejecución.

En ese recurso, el Ejecutivo advertía de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de la declaración secesionista, que fue aprobada en una votación secreta por setenta votos a favor, dos abstenciones y diez votos en contra, mientras más de medio centenar de diputados abandonaba el hemiciclo en desacuerdo con la iniciativa.

El Tribunal Constitucional tenía un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y ha resuelto en menos de diez días.

En el recurso, además, el Gobierno español reclamó al Constitucional que anulara urgentemente la declaración al considerar que podía “producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos”, en lo que considera el “atentado más grave contra el orden constitucional”.

Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados mañana jueves ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por supuesta rebelión y sedición, entre otros delitos por los que también están acusados el ex presidenteCarles Puigdemont y cuatro de sus colaboradores, refugiados en Bélgica.

l juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena interroga este jueves a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara por la declaración unilateral de independencia de Cataluña, tras la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión a nueve exconsellers acusados de rebelión.

Están citados Forcadell, Lluís Maria Corominas, LLuís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a los que el juez concedió una semana para preparar su defensa. Además, les impuso vigilancia policial como medida cautelar, en contraste con la decisión de la juez de la Audiencia, Carmen Lamela. Los seis comparecen como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos de los que la Fiscalía les considera responsables.

Dentro del Ministerio Público del alto tribunal hay criterios distintos, si bien lo más probable es que la petición de medidas cautelares no diste mucho de la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó en la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern.

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Los miembros de la Mesa del Parlament juzgados en el Tribunal Supremo.

Nuet pide archivar la causa de rebelión por su oposición al independentismo

El secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que Es Pot), pidió el miércoles al Supremo archivar la causa de rebelión contra él, alegando su “pertinaz oposición al proyecto independentista” y su apuesta por el “acercamiento de posiciones entre Generalitat y Gobierno”. Así, Nuet advierte de que la querella de la Fiscalía contiene “errores graves”, dado que le imputa haber votado a favor de la tramitación de la ley de transitoriedad y de la resolución de independencia, cuando se abstuvo en el primer caso y votó en contra en el segundo.

La defensa del diputado de EUiA, que concurrió a las elecciones con la coalición CSQP, ha aportado las actas de la Mesa correspondientes a estas dos resoluciones, así como 18 votaciones en que Nuet se opuso al “proyecto independentista”.

El Supremo podría reclamar para sí el caso de los exconsellers

Además, el juez del Tribunal Supremo valorará la posibilidad de reclamar para sí parte o todo este caso en el auto en el que asumía la competencia para investigar y, en su caso, enjuiciar, a los seis miembros de la Mesa del Parlament por rebelión, sedición y malversación.

Así, la Sala de Admisión señalaba en ese auto que hacía extensiva su competencia, para el caso de que el magistrado instructor lo considere oportuno, respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados.

De este modo, el instructor podría considerar que son de competencia del Supremo, por ejemplo, las acusaciones por desobediencia al Constitucional y delitos conexos presentadas contra Forcadell y otros miembros de la Mesa ante el TSJC. O también la causa abierta en la Audiencia Nacional que ha llevado a prisión a políticos catalanes en vísperas de la campaña electoral para el 21D en Cataluña.

En caso de que el criterio de Llarena respecto a las medidas cautelares fuera diferente del ejercido por Lamela, y si el Supremo asume la caus en su conjunto, acercaría, aparentemente, la libertad provisional de los miembros del Govern.

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