El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas y a tres exconsellers a devolver 4,9 millones por la consulta de 2014

4836787El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de Cataluña Artur Mas y a otros nueve ex altos cargos del Govern a devolver a la Generalitat más de 4,9 millones de euros por la organización en 2014 de la consulta independentista ilegal del 9-N. El tribunal les considera “máximos responsables” de las decisiones de gasto público a pesar de ser “conscientes” de que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta.

La sentencia declara “responsables contables directos” de gastar este dinero público a Artur Mas, a la exvicepresidenta y exconsellera de Gobernación Joana Ortega, al exportavoz y exconseller de Presidencia Francesc Homs y a la exresponsable de Enseñanza Irege Rigau. Junto con otros seis exmiembros de la Generalitat tendrán que hacer frente al pago de 4.946.788,16 euros de forma conjunta y solidaria según sus respectivas responsabilidades.

El mayor importe fue el de los 2,8 millones de euros que costaron los 7.000 ordenadores portátiles que se usaron en los centros educativos para la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero entre las partidas también se incluye la elaboración de los materiales para la votación o la campaña institucional.

Mas, Ortega, Homs y Rigau han anunciado en un comunicado conjunto que recurrirán la sentencia, que tildan de “aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas”, según el contenido recogido por Efe. Para los cuatro condenados, la decisión “se encuentra muy lejos de la imparcialidad” y pretende ser, por un lado, “un escarmiento” para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9N y, por otro, “un aviso a navegantes” para futuras ocasiones.

Una consulta contra las resoluciones del Constitucional

El 9 de noviembre de hace cuatro años, con Artur Mas de presidente, la Generalitat organizó una consulta soberanista a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció la inconstitucionalidad de su convocatoria y de todas las actuaciones vinculadas al “proceso participativo” alternativo que puso en marcha el Govern tras la primera suspensión.

El Tribunal de Cuentas hace un repaso muy pormenorizado de las actuaciones de los ahora condenados en aquellas fechas y da por probadas las acusaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Sociedad Civil Catalana y la entidad Abogados Catalanes por la Constitución.

En marzo de 2017, Artur Mas ya fue condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia por la consulta del 9-N por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre su recurso.

Artur Mas, principal responsable

Ahora, los magistrados del Tribunal de Cuentas otorgan a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso. Así, le hace responsable del total de los 4,9 millones y, al resto, se les va imputando importes en función de su papel en el 9-N.

El fallo condena a Francesc Homs a responer por cerca de 1,98 millones de euros por la campaña de publicidad, la elaboración del soporte informático necesario para la votación, el envío del correo postal a la ciudadanía y el centro de prensa. Irene Rigau, como exresponsable de Enseñanza, es condenada a responder por un importe de 2,8 millones de euros por la adquisición de 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación y su transporte da los centros de enseñanza donde se celebró la consulta.

La expresidenta  Joana Ortega, por su parte, deberá responder por 865.674,90 euros por la fabricación del material y la elaboración del programa como Homs.

Los otros seis condenados son: Ignasi Genovès y Jordi Vilajoana (806.403,52 euros por la campaña de publicidad institucional); Luis Bertrán Suara (698.685,15 euros por el programa informático); Jaume Domingo Planas (307.962,71 por el envío de información postal); Josefina Valls (81.143,73 por material para la votación entre otros conceptos); y Teresa Prohias (21.767,90 euros por un contrato menor).

Embargo preventivo de la vivienda de Mas

En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados, dice la sentencia.

El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.

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