El alto tribunal desestima la suspensión solicitada por la Comunidad de Madrid, VOX y varias asociaciones contra el decreto del Gobierno
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, una medida que había sido solicitada por la Comunidad de Madrid, VOX y varias asociaciones.
La decisión ha sido adoptada por la sala de lo contencioso-administrativo tras escuchar durante varias vistas los argumentos tanto de los solicitantes como del Ejecutivo central, que defendía mantener vigente el real decreto.
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El Supremo rechaza también varios recursos
Además de denegar la paralización cautelar, el alto tribunal ha decidido no admitir a trámite algunos de los recursos presentados.
Entre las entidades rechazadas se encuentran:
- Hazte Oír
- Asociación Libertad y Justicia
- Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica
El Supremo considera que estas organizaciones no cuentan con legitimación suficiente para impugnar judicialmente la medida.
Sí admite los recursos de VOX y Madrid
El tribunal sí ha reconocido legitimación a VOX y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, ha rechazado la petición de suspensión cautelar del real decreto de regularización extraordinaria.
Los argumentos jurídicos completos de la resolución se conocerán en los próximos días.
El decreto busca regularizar a cerca de 500.000 personas
La regularización extraordinaria entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de conceder permisos de residencia y trabajo a cerca de 500.000 inmigrantes que ya viven en España.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha recibido más de 549.000 solicitudes, de las cuales alrededor de 91.500 ya han sido admitidas a trámite.
La admisión supone una autorización provisional inicial para residir y trabajar legalmente en territorio español.
El Gobierno celebra la decisión del Supremo
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han valorado “positivamente” la decisión del Tribunal Supremo.
Fuentes del ministerio consideran que la resolución aporta “seguridad jurídica” y permite mantener la esperanza de decenas de miles de personas pendientes de regularizar su situación administrativa.
El Gobierno también destacó que el tribunal haya rechazado la legitimación de algunas asociaciones para recurrir el decreto.
Un debate político y social abierto
La regularización extraordinaria de inmigrantes continúa generando un fuerte debate político en España.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para combatir la economía sumergida y facilitar la integración social y laboral, partidos como VOX y sectores conservadores consideran que puede actuar como efecto llamada y cuestionan su legalidad.
La batalla judicial continuará ahora con la tramitación de los recursos admitidos por el Supremo.
