El TSJCV rechaza el recurso del CEU contra la orden de Educación de ayudas para infraestructuras y equipamiento de I+D

 

fotonoticia_20181115152717_800VALÈNCIA, La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU contra la orden de la Conselleria de Educación para la concesión de subvenciones para la adquisición de infraestructuras y equipamiento de I+D+I.

La entidad educativa alegó contra la Orden 89/2016, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la adquisición de infraestructuras y equipamiento de I+D+I PO FEDER 2014-2020, en concreto en aquellos preceptos que “impiden el acceso a las ayudas a las universidades de titularidad de privada de la Comunitat Valenciana”.

La Sala Cuarta del alto tribunal valenciano ha decidido desestimar este recurso en una sentencia, notificada hoy a las partes, en la que, además, impone las costas del proceso a la universidad, que deberá pagar 2.500 euros, informa el TSJCV.

En la resolución, se recuerda que la demandante apelaba al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que recoge la Constitución. Los magistrados, no obstante, señalan que no aciertan a conocer “en qué medida podrían secundar la tesis de la actora impugnando las bases de subvenciones teniendo por destinatarias las universidades públicas Valencianas y consorcios públicos de investigación adscritos al Generalitat”.

“Que la apelante afirme se una entidad sin ánimo de lucro –lo que no ha discutido la demandada– incluyendo entre sus actividad la enseñanza
superior, no la hace acreedora, per se , a ser beneficiaria de ese tipo de ayudas”, razonan.

Asimismo, la sentencia alude a las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Generalitat sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ponen de manifiesto que “las diferencias entre las universidades públicas valencianas y los consorcios públicos de investigación y las demás universidades o centros de investigación
(tengan o no ánimo de lucro) son obvias, comenzando por sus fuentes de financiación”.

“DÉFICIT ENDÉMICO” DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Y agrega: “De manera que no puede extrañar que el esfuerzo de la entidad pública convocante se canalice en favor de los centros públicos; y más si cabe como alega la defensa de la Generalitat a la vista de las prescripciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, artículo 7, siendo notoria la escasez de medios y el déficit endémico que arrastran las universidades públicas valencianas”.

Por todo ello, decide rechazar el recurso presentado por la fundación universitaria y le impone el pago de 2.500 euros en concepto de costas.

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