La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia celebrada el pasado viernes dio a conocer una sentencia por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia de junio de 2006 que hizo un justiprecio de la parcela expropiada en 2.610.722 euros para la ejecución del proyecto ‘Ampliación del Colegio Público Max Aub’, en el termino municipal de Valencia.
“Una vez más la nefasta gestión desarrollada por el equipo de gobierno nos hace encontrarnos con que el precio final de la expropiación se va a fijar en 4.427.427 euros más el 5 % de premio de afección, sin olvidar los intereses legales que correspondan”, ha señalado la concejala del grupo de Esquerra Unida, Rosa Albert.
“¿Cómo es posible que el pago de unas parcelas cuya expropiación se remonta al año 2006 vayan a terminar pagándose más de seis años después?”, se ha preguntado la edil Albert quien ha explicado que se refieren a dos parcelas de 5.913,95 metros cuadrados de superficie destinadas a la expropiación de un colegio público de la ciudad de valencia y sobre la cual el Jurado de Expropiaciones en junio de 2006 acordó fijar el justiprecio la misma en 2.610.722 euros.
“Una vez más tenemos que asistir a una sentencia judicial que evidencia que los cálculos efectuados en materia de tasación no se ajustan a la legalidad vigente, fallando finalmente el Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Valencia”, ha explicado la concejala,
Albert añadió que ¨las consecuencias son verdaderamente preocupantes, ya que no sólo vamos a pagar más sino que al justipreció final hay que añadir el 5 % del premio de afección, que va a suponer que el precio final ascienda a 4.333.798 euros, lo que supone un incremento del 66% sobre el justiprecio inicial y a todo esto habrá que añadir los intereses que legalmente correspondan”.
“Todo esto supone un nuevo varapalo para el equipo de gobierno del PP que, desgraciadamente, está convirtiendo en algo habitual que la administración de justicia tenga que intervenir para resolver su inacción, sin olvidar que los perjudicados son los vecinos y vecinas de valencia que tienen que sufrir los recortes en servicios esenciales. Sentencias como esta deberían hacer reflexionar al PP sobre su política en materia de expropiaciones y como están viéndose afectadas las arcas públicas”, ha concluido la edil.
VLCCiudad/Redacción
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