Ex alto cargo de Presidencia y de C9 con Zaplana rechaza recoger un requerimiento de información de la juez de Erial

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La que fuera alto cargo de Presidencia en la época de Eduardo Zaplana y exdirectora de Canal 9, Genoveva Reig, se negó a recibir un requerimiento judicial que le pretendía entregar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en cumplimiento de la decisión de la juez que investiga el caso Erial de reclamar información a determinadas empresas al sospechar que Juan Francisco García, exjefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat, pudo disponer de más dinero en metálico cuya procedencia no tiene origen conocido en los ingresos que pudiera haber obtenido en su actividad profesional.

Así consta en un oficio de la OCU al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que los agentes comunican que no han podido cumplimentar el requerimiento judicial dado que Reig, administradora y socia única de la mercantil a la que se pedía documentación, Albero Comunicación S.L., “se negó a recepcionar” ese mandamiento.

La magistrada, en uno de los autos, señala que, al analizar la documentación recibida de una comisión rogatoria a Andorra, se confirma “más si cabe” la vinculación de Juan Francisco García con los productos bancarios localizados en ese país y que constan a nombre de sociedades objeto de investigación y de investigados, en especial, Joaquín Miguel Barceló –considerado el presunto testaferro de Zaplana– y sociedades como Plaza Fountins, Puncak Servicios o Adua.

Según la investigación, desde sociedades panameñas como Puncak se transfirierpn hasta 1,5 millones de euros a Imison Internacional, con sede en Luxemburgo y en la que se materializó dinero de los “sobornos” de los que presuntamente se benefició el exministro, entre otros, por las adjudicaciones del Plan Eólico de 2003 y de las ITV en 1997, que recayeron en empresas vinculadas a la familia Cotino.

Sin embargo, señala que entre los apuntes bancarios localizados en registros relacionados con Barceló, se encuentran anotaciones que hacen referencia presuntamente a García, con cantidades como 833.500 euros o 952.400, coincidiendo las cantidades con los movimientos de Plaza Fountains y las otras sociedades, utilizándose para esos movimientos el sistema de compensación de fondos.

GASTOS PERSONALES

Además, del análisis de los mensajes cruzados entre investigados y de las agendas intervenidas a Zaplana, se infiere la existencia de reuniones entre ellos, sobre las fechas de los movimientos bancarios realizados en los productos bancarios andorranos, presuntamente para dar cuenta de ellas al expresidente. Asimismo, se presume el uso de importantes cantidades de dinero de Andorra para gastos de naturaleza personal de García.

Por este motivo, la jueza ve procedente librar mandamientos para determinar cómo se materializaron una serie de pagos por servicios prestados por una serie de mercantiles –tanto a Dobles Figuras Consultores como a Juan Francisco García– como “debiendo indicar el servicio o bien con el que se corresponden los pagos, importe real de los mismos, facturación que los soporta, forma en la que se materializaron, persona de contacto en la contratación del servicio o en la adquisición del bien, lugar donde se llevaron a cabo los servicios en su caso”, etc.

Según un escrito del fiscal, la utilización de la sociedad Dobles Figuras, “sin una aparente y conocida actividad, sin trabajadores y que soporta determinados gastos y recibe ingresos sin justificar relación mercantil efectiva, evidencian la necesidad de ahondar el análisis” de los datos solicitados por la Guardia Civil.

Los mandamientos van dirigidos a Europa Travel, con pagos imputados sobre Dobles Figuras durante diez años, que oscilan entre los 4.197 y los 21.853 euros; Viajes Benimàmet, por 6.660 en 2005; Viajes Tecnitravel, de 3.078 en el mismo año; Vima Tours, de 5.214 en 2006 y 3.053 en 2007; Expedición Privada Transafricana, de 7.136 euros a García en 2016; de Tres Continentes, de 9.002 euros en 2008, 23.632 en 2009 y 12.620 en 2010 al exjefe de Gabinete; Estudio Viveros, de 7.151 a Dobles Figuras en 2017; Albero Comunicación, 29.600 euros en 2005 y 9.512 a la empresa e Instalaciones Reunidas Valencianas, con pagos imputados de 24.785 y 19.810 a la misma compañía en 2006 y 2007.

Los agentes trataron de llevar a cabo este mandamiento con Albero Comunicación pero ni vía telefónica ni presencialmente lo consiguieron. Posteriormente, en el domicilio de Genoveva Reig, que figura como administradora y socia única de esta empresa, ella misma fue informada de la existencia de un requerimiento judicial de documentación y “se negó a recepcionar” ese mandamiento, según comunican los agentes al juzgado.

 

 

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