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Francisco Zamora,«La nueva legislación subirá el precio de los pisos, es restrictiva»

033val10fot1-corte_9002639_20181209202401Francisco Zamora, acaba de ser reelegido presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Valencia (Fevec). Mira el futuro con un optimismo moderado, consciente de que a día de hoy hay demasiados condicionantes para dar previsiones optimistas. «La situación política es delicada. No sabemos si habrá elecciones ni presupuestos y nuestro sector depende de esto. Está por saber si la Generalitat va a lograr más financiación y si es así, cuánta destinará a inversiones, porque está claro que la prioridad es el gasto social».

Descarta con rotundidad que se vaya a producir una nueva burbuja inmobiliaria, fundamentalmente porque las entidades financieras no dan las hipotecas en las condiciones en las que las concedió en la época del «boom». No obstante, hace una advertencia muy importante. «Si no se deja construir y no se pone suelo a disposición del sector privado sí puede haber escalada de los precios. El suelo es la materia prima». En esta cuestión tiene mucho que ver la normativa urbanística que durante esta legislatura ha puesto en marcha la Generalitat. La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) «va a ser más restrictiva en cuanto a la generación de suelo».

Zamora afirma que muchos ayuntamientos tienen pendiente modificar su plan general de ordenación urbana y que la Lotup, que está en tramitación parlamentaria, no favorece la puesta en marcha de terrenos. «Si se vuelve a reactivar la construcción de viviendas y no tenemos suficiente suelo, subirá el precio y lo acabará pagando quien compre la vivienda. Es la ley de la oferta y la demanda».

En este sentido, apunta a que no se están dando facilidades porque los suelos los tienen las entidades financieras. Además, si consigues el suelo, los plazos de alargan en el tiempo.

En estos momentos, en la ciudad de Valencia hay 2.000 viviendas a la espera de licencia para comenzar a construirse. Sin embargo, los trámites burocráticos, como ocurre en general en las Administraciones, hace que su puesta en marcha se retrase más de lo deseable.

Cuando un empresario decide iniciar un proyecto tarda de seis a siete meses en tenerlo redactado. «Hay que hacer un estudio de mercado, ver qué tipología hay que poner en marcha… Luego tienes que ejecutarlo y esperar la licencia. Desde que inicias hasta que la terminas puedes tardar unos cuatro años». La tramitación de licencias municipales tarda mínimo un año. «Cuando acabas de construir aún debes tener la de ocupación y tarda otro año más».

Lamenta que la Administración no se haya modernizado para agilizar estos procedimientos. «Para muchas cosas estamos en tiempos de los romanos… Dejas el expediente y bajan a recogerlo con un carrito de Mercadona. Nosotros podemos entregar todo esto digitalizado, ¿por qué no se ha adaptado la Administración?»

Bajo su punto de vista, los trámites se dilatan de manera innecesaria. «Cada vez que se encuentra un reparo en el expediente, este queda paralizado y hasta que no lo resuelves, no siguen estudiándolo. ¿Por qué no se informan de todos los reparos a la vez?» Admite que en muchas ocasiones faltan funcionarios para hacer este trabajo porque con la crisis no se cubrieron las jubilaciones.

VPO, cosa del pasado

Zamora explica que el alto precio del suelo impide también hacer viviendas protegidas en régimen de compra. «Además, los bancos no dan financiación para estas operaciones».

La Generalitat se ha encargado de promover viviendas protegidas en régimen de alquiler y por tanto, las de compra prácticamente han desaparecido. « Antes había convenios para que cada banco se comprometiese a avalar una determinada cantidad de VPO». Aunque lo cierto es que considera que hoy en día tampoco tiene demasiado sentido por las dificultades que existen cuando uno necesita cambiar de vivienda. «Soy más partidario de desgravaciones por adquisición de vivienda que por ayudas directa. Esto sí que lo nota el bolsillo».

Otro de los llamamientos que Fevec hace a la Generalitat es que apueste por la colaboración público- privada. Zamora lamenta que en los planes para acabar con los barracones les hayan dejado a un lado.

Insiste en que los constructores pueden hacerse cargo de construir nuevos colegios bajo la fórmula de concesión. «Para esto los bancos sí nos financian. Nosotros podemos ofrecer a la Generalitat una concesión a 25 años, con fórmulas como el alquiler con opción a compra. Ellos no se endeudan porque van pagando poco a poco y los niños pueden tener un colegio nuevo».

Sin embargo, el plan que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación, llamado Edificant, ha confiado en los Ayuntamientos para impulsar la construcción de nuevos colegios.

Zamora considera que es un error porque defiende que las empresas privadas siguen siendo más eficientes que la iniciativa pública. Insiste en que sería una forma de dinamizar a un sector como el de la construcción del que dependen miles de puestos de trabajo.

 

 

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