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La Generalitat centra su atención en los colegios profesionales por interferir en la libre competencia
Competencia de la Generalitat ha generado un informe que pone el foco en los colegios profesionales de la Comunitat Valenciana para asegurar que no interfieran en la libre competencia entre los profesionales del sector. Este organismo, que depende de la conselleria de Hacienda, busca que la colegiación no proporcione ventajas a los profesionales frente a aquellos que no pagan la cuota anual, defendiendo que todos deberían tener los mismos derechos para ejercer su profesión.
El informe, elaborado por tres miembros de Competencia a instancias de la unidad de instrucción del área, tiene como objetivo identificar los impedimentos que los colegios profesionales crean para evitar la libre competencia, tanto en el acceso al trabajo como en la fijación de honorarios.
Dichos impedimentos pueden originarse en los estatutos, reglamentos y normas de ordenamiento de las diversas profesiones reguladas por los colegios. Además, el informe analiza el comportamiento de los colegios en el mercado, sobre todo en lo que respecta a la creación de reservas de actividades que no están respaldadas por la legislación vigente en favor de sus miembros.
Según el informe, las normativas de los colegios ya constituyen un obstáculo para la libre competencia profesional. De hecho, Competencia ha iniciado expedientes sancionadores contra colegios como el de Arquitectos de Alicante, el de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana, el de Graduados Sociales de Valencia y el de Procuradores de la Comunitat Valenciana, entre otros.
Los estatutos y reglamentos suelen generar dos tipos de restricciones: las de acceso a la profesión y las que afectan su ejercicio. Estas normas pueden perjudicar a quienes no están colegiados, disminuyendo la competencia, limitando la variedad y aumentando los precios, lo que afecta la calidad del servicio.
Por otro lado, las restricciones en el ejercicio profesional permiten a los colegios explotar su posición colectiva en detrimento de los usuarios finales y de los profesionales no colegiados. Para Competencia, estas barreras incrementan los efectos negativos de una oferta homogénea y la aparición de prácticas anticompetitivas.
Según el análisis de los técnicos, estas prácticas reducen la calidad de los servicios, limitan la capacidad de elección de los consumidores y frenan la innovación, facilitando acuerdos monopólicos en precios. Las restricciones incluyen desde la exclusividad por obligación de colegiación hasta barreras territoriales y afectan honorarios, cobros y la capacidad competitiva de los profesionales.
La CNMC ya se pronunció contra requisitos adicionales para acceder a listas de peritos judiciales, como experiencia previa o formación impartida por colegios. Además, hay prácticas que favorecen a sus colegiados sin base legal vigente, afectando la libre competencia.
Como recomendación, Competencia de la Generalitat solicita a los colegios abstenerse de implementar medidas que distorsionen la competencia y urge a los poderes públicos a regular la normativa para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado.
