Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian la falta de transparencia ante la posible reapertura de Garoña hasta 2031

garona-accionReclaman un Estudio de Impacto Ambiental ante la solicitud de ampliación de la vida útil de Garoña

Ecologistas en Acción y Greenpeace han solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una reunión extraordinaria de su Comité Asesor, del que ambas organizaciones forman parte, alertados por la falta de transparencia en el proceso de ampliación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
 
Las organizaciones ecologistas subrayan que el CSN debe atender su solicitud en virtud delConvenio de Aarhus y la Directiva europea de seguridad nuclear (1), que establecen el derecho a la información y participación de la ciudadanía en procesos como el de Garoña. Recuerdan que el propio artículo 45 del Estatuto del CSN permite al mencionado Comité Asesor recabar la información que considere necesaria para mejorar la transparencia del organismo nuclear e incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana.
 “Como miembros del Comité Asesor del CSN exigimos una reunión extraordinaria para velar por la transparencia en el proceso de reapertura de Garoña”, ha declarado Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. “El Comité Asesor tiene como función fundamental orientar al CSN en tareas de comunicación y transparencia, y qué mejor ocasión que la del estudio de las exigencias a Garoña, que genera una enorme expectación social, para actuar”.

La solicitud de Endesa e Iberdrola para ampliar la vida útil de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031 significaría conceder a la nuclear 20 años más de vida útil a una central diseñada para una explotación comercial de 40 años, cumplida en 2011 (2). Las organizaciones ecologistas recuerdan que la decisión de reapertura implicaría una extensión de las actividades (3) que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente.

Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción ya han solicitado al Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente la información relativa al trámite de información pública, así como un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la posible prolongación del ciclo de vida de Garoña.

El Estudio de Impacto Ambiental debe tener en cuenta el contexto transfronterizo de acuerdo con el Convenio de Espoo, ya que la decisión significaría un cambio sustancial en el proyecto inicial de la nuclear, con efectos potencialmente graves sobre el medio ambiente también fuera de las fronteras españolas. A esto se suma la circunstancia de que los miembros de este Convenio acordaron en junio que todas las centrales nucleares envejecidas en Europa deberán ser sometidas a una evaluación de impacto ambiental antes de una renovación de la licencia o una revisión periódica de la seguridad.

“El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental exige, entre otras cosas, que se comparen alternativas. Garoña no podrá demostrar que es una alternativa limpia, segura y más barata que las energías renovables”, ha concluido Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.

La central nuclear de Garoña es ya hoy la más vieja de la Unión Europea y la quinta más vieja del mundo. Su posible reapertura supone unos riesgos de gran envergadura que bien merecen ser conocidos por la ciudadanía antes de que los organismos oficiales decidan prolongar su vida útil.

Notas:

(1) La Directiva 2014/87/EURATOM, por la que se confiere un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, establece en su artículo 8, apartado 4, que los Estados miembros se asegurarán de que se proporcionen al público en general las oportunidades adecuadas para que pueda participar de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones relativas a la concesión de licencias a las instalaciones nucleares, de conformidad con la legislación y los instrumentos internacionales apli­cables.

(2) La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011, y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor S.A. solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia, y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor S.A. solicitó el pasado 27 de mayo una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica, por lo que el pasado 17 de julio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.

(3) Párrafo 22 del anexo I de la Convención de Aarhus.
 

 

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