El Ministerio del Interior ha reconocido una “extralimitación” en el caso de un agente de la Policía Nacional que, junto a otros tres policías, redujo a un joven en Elche (Alicante) en agosto del 2017. El policía presionó el cuello del joven mientras este estaba boca abajo y amordazado de pies y manos, lo que resultó en su fallecimiento. “Existe un nexo causal entre la actuación administrativa y el resultado de muerte”, asegura la institución.
Interior, después de investigar el caso archivado por el accidente que incapacita al agente involucrado directamente, ha concluido que hubo un uso de la fuerza que no se ajustó a los principios y normas, causando un daño grave, irreparable y antijurídico.
El ministerio ha aceptado parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el abogado Ignacio Grau en representación del padre y un hermano de la víctima. Se ha determinado una indemnización para ellos, mientras que la madre de la víctima fue compensada en una resolución separada.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2017 cuando la víctima, en estado de agitación por una enfermedad, estaba en su domicilio. Sus padres pidieron ayuda a Emergencias, lo que llevó a la intervención policial. El joven se atrincheró en el sótano, obligando a los agentes a solicitar refuerzos. Los policías desarmaron al joven, que llevaba una navaja, y lo redujeron.
Debido a su fuerte resistencia, los agentes aplicaron presión en su cuello, torso y extremidades. A pesar de haberlo esposado, continuaron presionándolo, resultando en su muerte. Los familiares, testigos de los hechos, presenciaron la situación desde una habitación contigua. La madre incluso recriminó a los agentes mientras sucedía el incidente, según los reportes policiales.
El informe forense reveló la causa de muerte como un “mecanismo de muerte por inhibición parasimpática de la circulación” relacionada con la presión en los senos carotídeos, calificando el fallecimiento como “violento”.
Interior concluyó que, una vez esposado, la intervención policial contravino principios básicos estipulados en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad referente al trato hacia personas detenidas.
El caso fue inicialmente investigado en un juzgado, pero se archivó provisionalmente por el accidente del agente que privó su testimonio. Los otros policías involucrados fueron absueltos al no hallarse culpabilidad en la muerte del joven.
Los familiares, que reclaman indemnización vía responsabilidad patrimonial, destacaron la falta de lesiones en los agentes y la superioridad de medios, alegando negligencia en la actuación policial.
A pesar del archivo judicial, el Ministerio del Interior acordó indemnizar a la familia tras considerar los hallazgos de la autopsia, que establecieron la muerte como “violenta” y no relacionada con el consumo de drogas o fármacos.
Descartó también la versión de un agente que indicaba que el joven se estranguló a sí mismo. Interior aceptó que el joven, con las manos engrilletadas y sujetado por cuatro agentes, sufrió técnicas de reducción que causaron presión fatal en su cuello. No se estableció si se usó específicamente la técnica de ‘mata león’, pero se concluyó la existencia de un nexo causal entre la actuación policial y el deceso.
