Intersindical reta a Fabra a desafiar las declaraciones de Antonio Beteta

5771cd43810f607b5f60f2bb46b9d8b5_350_263Intersindical ha concentrado hoy ante la sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Valencia para reclamar del consejero el pago de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que están reconociendo los tribunales. El Sindicato ha sido recibido por la Directora General de Recursos Humanos, la cual se ha comprometido a trasladar al consejero la petición de pago general de oficio y la convocatoria de Mesa General para establecer un calendario de pago

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha declarado en Alicante miércoles, 16 de abril, que el RDL 20/2012 (Decreto Rajoy, que estableció la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, entre otras cosas) está vigente y que las administraciones no pueden pagar la paga extra con carácter general.Es más, ha amenazado a las que lo decidan con un recurso por parte de la abogacía del Estado.

El consejero Moragues y el Presidente Fabra, si se pliegan a las exigencias del Gobierno Rajoy y no se plantean pagar con carácter general la paga extra, se quedarán en una posición política y jurídicamente insostenible. Los juzgados y tribunales están dictando sentencias que unánimemente obligan a las administraciones a pagar 44 días de la paga extra al personal funcionario y 14 días al personal laboral.

Por tanto, Beteta ha aclarado la vía de reclamación de la paga extra: descarta la vía pactista y el pago generalizado y sólo deja una salida: la presentación de reclamaciones como las que recomiendaIntersindical Valenciana .

Por ello, Intersindical apela a la dignidad de Fabra, de Moragues y del resto del Consejo y les pide que desafían las órdenes del Gobierno central y se atrevan a pactar con los sindicatos representantes del personal al servicio de la Generalidad el reconocimiento de la deuda y un calendario de pago. Otra postura les hará cómplices de la absurda postura de Beteta.

En el caso de la Generalitat, ahora mismo las sentencias afectan directamente unas 2.500 personas, pero estas sentencias dan pie a su extensión al resto del personal público. Los jueces ya han avisado a la Generalitat que insistir en denegar un derecho ya declarado judicialmente sólo puede conducir a que empiezan a establecer costas.

Como consecuencia de los recursos coordinados por Intersindical, unas 800 personas podrán reclamar dentro de 2 meses la ejecución de sentencia en los juzgados que las han dictado. En ese caso, no sólo la Generalitat deberá pagar, sino que tendrá que soportar costes judiciales. Además, la presentación de cerca de 120.000 reclamaciones de extensión de sentencia supondrá el colapso de los juzgados contenciosos, sin que haya ninguna necesidad de que esto sea así.

Cabe recordar que las costas en los procedimientos contenciosos están alrededor de los 400 euros por caso, mientras que el importe medio de lo que debería pagar la Generalitat por persona funcionaria está alrededor de los 300 euros, por lo que pagar ordenadamente y de forma pactada le costaría a la Generalitat la mitad que pagar después del procedimiento judicial.

Ante esta postura, Intersindical estudiará jurídicamente la posibilidad de reclamar los importes de las costas y los intereses a los miembros del Consejo y del Gobierno del Estado, empezando por Antonio Beteta, no a la institución de la.

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