La jueza de Catarroja, en Valencia, ha decidido que los escoltas y el chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deben ser llamados a declarar como testigos respecto a los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la gota fría (dana). Esta decisión responde a una solicitud presentada tanto por una acusación particular como por Compromís. La magistrada busca determinar si estos testigos podrían haber escuchado conversaciones del presidente o recibido comentarios relacionados con las llamadas, especialmente en relación con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, su ex número dos.
La jueza considera que los argumentos presentados para la citación de la periodista Maribel Vilaplana, quien estuvo con Mazón el día de la dana, son aplicables también al caso de los escoltas y el chófer. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el auto describe “la voluntad” de Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente Mazón, un hecho respaldado por un acta notarial que clasifica las llamadas en diferentes categorías, incluyendo las que no fueron respondidas y las que se cancelaron.
En el documento notarial se detallan las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Pradas el día 29 de octubre de 2024, especificando hora, tipo de llamada, y si fue respondida o no. La jueza subraya que Pradas no canceló las llamadas por decisión propia, y destaca una llamada cancelada a las 19:10, durante un intervalo de 37 minutos sin comunicación entre Mazón y ninguna otra persona, lo cual implica que el teléfono podría haber estado apagado o en modo avión.
Aunque la comunicación entre Mazón y Pradas se intentó tres veces sin éxito, se reanudó a las 19:43 y 20:10 con éxito, justo antes del envío del mensaje Es-Alert, que tardó solo 2 minutos y 35 segundos en ser despachado. La jueza considera esencial que el chófer y los escoltas sean interrogados sobre cualquier conversación que pudieran haber escuchado entre Mazón y Pradas.
La magistrada ha solicitado a la Mesa de Les Corts que proporcione la identificación de estos testigos, como lo ha pedido Compromís. En cambio, la jueza no ve necesario citar a los bedeles del Palau de la Generalitat, ya que considera poco probable que pudieran haber escuchado algo relevante. Igualmente, se han ordenado diligencias para obtener imágenes de la llegada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias, junto con diversos informes de la Conselleria de Emergencias proporcionados por la administración de justicia.
