La jueza de Catarroja, que dirige la investigación sobre la situación de la dana, ha decidido, a petición de una acusación particular y de la popular representada por Compromís, convocar como testigos a los escoltas y al chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quienes estuvieron con él el 29 de octubre de 2024, entre las 15:00 y las 21:00 horas. La magistrada busca determinar si estos testigos escucharon algún comentario relevante por parte de Mazón o de la consellera de Justicia e Interior de aquel entonces, Salomé Pradas, también investigada en el caso, junto con Emilio Argüeso, quien fuera su segundo al mando.
La jueza considera que los argumentos utilizados por la Audiencia Provincial en su decisión para llamar a testificar a la periodista Maribel Vilaplana pueden aplicarse igualmente en este caso. Vilaplana había compartido una comida con el presidente de la Generalitat el día de la dana.
En un auto entregado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se considera indiscutible el interés de Salomé Pradas en contactar con Mazón. Esta apreciación se basa en un acta notarial proporcionada por la defensa de Pradas, que categoriza las llamadas telefónicas, comparando las fechas y horas en el teléfono con las impresiones de las llamadas realizadas.
En el documento notarial se clasifican las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Pradas, detallando día, hora, naturaleza de la llamada (entrante o saliente), duración, y si la conexión fue cancelada o la llamada perdida. Según la jueza, el hecho de que Pradas cancelara las llamadas no se desprende del acta, y las circunstancias de una llamada cancelada pueden incluir que el teléfono estuviera apagado, en modo avión, o que el contacto hubiera sido bloqueado.
El auto detalla que una llamada específica, cancelada a las 19:10, se produjo durante un intervalo de 37 minutos sin comunicación del presidente con nadie más. La jueza señala que después, a las 19:34, se reanudaron las llamadas del presidente, pero no con Pradas, quien intentó contactar nuevamente a las 19:36 sin éxito.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra destaca que la urgencia de la situación podría haber motivado a Pradas a intentar contactar con más insistencia, especialmente dado el largo tiempo en la toma de decisiones respecto a la alerta. Esto se evidencia en las llamadas canceladas registradas en el acta notarial a las 16:29, 19:10 y 19:36. La comunicación entre el presidente y la consellera se retomó a las 19:43 y nuevamente a las 20:10, un minuto antes del envío del sistema Es-Alert.
Es importante mencionar, subraya la jueza, que el envío del Es-Alert se completó en poco más de dos minutos, haciendo plausible que Mazón se enterara de su envío inminente. Debido a esto, se considera crucial la declaración de los escoltas y el chófer, quienes podrían haber escuchado las comunicaciones telefónicas del presidente con Pradas o sus comentarios subsecuentes.
La jueza pide a la Mesa de Les Corts que proporcione los datos necesarios para identificar a los escoltas y al chófer, en línea con las peticiones de Compromís. Sin embargo, no considera necesaria la citación de los bedeles del Palau de la Generalitat, dado que la probabilidad de que hayan escuchado alguna conversación es baja.
Finalmente, se ha acordado obtener imágenes de la llegada de Carlos Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias, evidenciando la hora de su arribo. Se menciona también que la letrada de la Administración de Justicia ha informado sobre la entrega de varios informes por parte de la Conselleria de Emergencias, en respuesta a requerimientos judiciales.
