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La jueza que investiga el caso de la dana ha citado a la operadora de la CHJ que reconoció un retraso en el aviso a Emergencias sobre el Poyo
La investigación sobre la dana continúa su curso a pesar de los numerosos recursos y la participación de más de una decena de acusaciones populares. Esta semana, la jueza encargada del caso ha emitido una nueva providencia, mientras la exconsellera de Emergencias ha abierto un nuevo frente al presentar una queja al Poder Judicial.
La lista de testigos en el caso de la dana está cobrando importancia tras la reciente resolución de la jueza, quien ha decidido citar a casi todos los alcaldes de los municipios afectados por la riada del 29 de octubre. Este viernes, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que está al frente de la investigación sobre las muertes y lesiones causadas por la riada, ha ordenado la comparecencia del director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, así como de una operadora del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La responsable del SAIH, Carmen González, había comparecido previamente ante la comisión de investigación del Senado, donde admitió que se produjo una demora de casi una hora en la notificación del desbordamiento del barranco Poyo debido a problemas técnicos y de verificación de datos. González explicó que, cuando la lengua de agua pasa por un punto de medición del SAIH, la información sobre el caudal tarda aproximadamente 20 minutos en llegar a la sala de control. El primer registro alarmante en el Poyo ocurrió a las 17:35 horas, pero debido a la demora en las comunicaciones, no llegó a la CHJ hasta las 17:55. A pesar de esto, la operadora defendió que durante el día se enviaron unas 30 notificaciones entre las 7:00 y las 20:00 horas, alertando sobre las intensas lluvias registradas por casi 200 pluviómetros en la cuenca del Júcar.
Además, siguiendo la solicitud de una acusación popular, la jueza ha decidido citar nuevamente al técnico que verificó el envío del mensaje Es-Alert, quien testificó el pasado jueves. Se le ha pedido que, de manera voluntaria, aporte capturas de pantalla relacionadas con las llamadas telefónicas mencionadas en su declaración.