La jueza de Catarroja convoca a altos cargos y alcaldes como testigos en la investigación de la dana
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha requerido la presencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; así como de los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; Catarroja, Lorena Silvent; y Sedaví, José Francisco Cabanes, para que testifiquen. También ha citado al entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, junto a otros ocho técnicos y altos cargos de Emergencias.
Este paso se refleja en un auto donde se responde a las diligencias solicitadas por Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, quien está bajo investigación junto a la exconsellera Salomé Pradas. Argüeso había solicitado que Polo, Basset, la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias 112 y una técnica de Comunicación fuesen citados como investigados, petición que la magistrada ha rechazado.
La jueza enfatiza que la solicitud de declaración como investigados solo puede ser legítima si quien lo pide es un perjudicado, algo que no se cumple en el caso de Argüeso. Considera además que el cargo que ostentaba Argüeso, aun siendo el segundo en el rango de una conselleria, requería una proactividad que no tuvo.
La magistrada rechaza la tesis de desconocimiento defendida por Argüeso respecto a la evolución de la emergencia, basándose en que los datos y la información estaban a su disposición. También se opone a la declaración como investigados de las personas propuestas por Argüeso, entre ellas, Miguel Polo, debido a la falta de indicios delictivos.
En el transcurso del análisis del caso, se han revisado correos electrónicos y se ha considerado la aplicación SAIHWIN, utilizada para el seguimiento de la situación, a la que la Generalitat Valenciana tenía acceso.
La magistrada también ha concedido la opción de personación a Compromís e Intersindical como acusación popular, así como a un particular, cada uno bajo una fianza de 6.000 euros. Sin embargo, ha desestimado la investigación de filtraciones a los medios, argumentando que sería casi imposible establecer el origen debido al gran número de partes implicadas. Además, ha considerado el interés público elevado del procedimiento para justificar esta decisión.
