La jueza que investiga la gestión de la gota fría desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, ha convocado a declarar como testigos a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; y a los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat; Catarroja, Lorena Silvent; y Sedaví, José Francisco Cabanes. También se ha citado al entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y a ocho técnicos y altos cargos de Emergencias.
Este procedimiento responde a una diligencia planteada por Emilio Argüeso, quien fuera secretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, y que actualmente es investigado junto a la exconsellera Salomé Pradas. Argüeso había solicitado que Polo, Basset, la jefa del servicio de Coordinación de Emergencias 112, y una técnica de Comunicación fueran llamados a declarar como investigados. Sin embargo, la jueza desestimó esta petición, decidiendo que comparecieran en calidad de testigos, junto a otras nueve personas.
En su resolución, la magistrada señala que la solicitud de Argüeso carece de la justificación necesaria, ya que para que alguien sea llamado a declarar como investigado, quien lo pida debe ser perjudicado por un delito, lo cual no se especifica en dicha petición. Además, la jueza recuerda que esto no basta con que los citados formen parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) o de la Administración Autonómica.
Al negar el argumento de “ignorancia” sobre la evolución de la emergencia el 29 de octubre que Argüeso presentó, la magistrada destaca que un cargo de su nivel no puede escudarse en la falta de información ya que tenía acceso a datos y comunicaciones cruciales. Ante un fenómeno meteorológico de tal gravedad, Argüeso podría haber instado a recibir más información proactivamente.
En cuanto a Polo, la jueza remarca que no hay pruebas de delito que justifiquen su implicación directa como investigado. Destaca que no es aceptable que se alegue desconocimiento sobre el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) por parte de los responsables, ni delegar toda la responsabilidad en el presidente de la CHJ.
La jueza también admite como testigos al Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín; al director de la empresa SGISE, Raúl Quílez; la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís; y otros funcionarios clave.
Por otra parte, ha permitido que Compromís e Intersindical se personen como acusación popular, imponiéndoles una fianza de 6.000 euros cada uno, igual que se ha exigido a un particular interesado en actuar como acusación popular, aunque únicamente contra los dos investigados.
En el ámbito de las filtraciones a los medios, la jueza ha decidido no investigar su procedencia, señalando las dificultades prácticas y jurídicas para determinar el origen, dado el alto interés público del caso y el secreto profesional de los periodistas.
