La jueza que lleva el caso de la DANA en Catarroja ha requerido a la Conselleria de Emergencias que entregue, en un plazo de tres días, las grabaciones completas de las cámaras de los pasillos del Cecopi. Estas grabaciones deben cubrir el tiempo desde las 15:00 hasta las 23:59 horas del día 29 de octubre de 2024, para certificar las entradas y salidas durante la reunión celebrada ese día, tanto por la puerta delantera como la trasera del edificio.
Además, la jueza ha solicitado a Les Corts las respuestas del coordinador de prevención de Emergencias a las cuestiones parlamentarias relacionadas con la conservación de las imágenes de la llegada de las autoridades al Cecopi. Esta decisión se sustenta en la importancia de identificar a las personas que participaron en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana y en el propio Cecopi, ya que su conformación no se produjo de manera conjunta, sino que fue gradual a lo largo del día.
La jueza considera esencial incorporar estas grabaciones al caso, argumentando que su mantenimiento podría ser relevante para un potencial procedimiento penal, en línea con lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El objetivo de estas medidas es esclarecer lo sucedido en la gestión de la emergencia que resultó en 230 fallecimientos y varios heridos. La jueza justifica la necesidad de esta evidencia en que el Cecopi es un edificio público donde las personas grabadas son autoridades y funcionarios en funciones, sin que esto afecte su privacidad.
Por otro lado, la jueza niega la necesidad de que un testigo identifique a los presentes en la reunión, ya que él mismo expresó la imposibilidad de hacerlo. Se ha logrado identificar y obtener declaraciones de muchos de los que asistieron. Tampoco considera esencial realizar pruebas sobre la sala gris, ya evaluada por la Guardia Civil, ni sobre el momento preciso de la movilización del Puesto de Mando Avanzado, puesto que no habría cambiado la falta de medidas de autoprotección antes de los desbordamientos.
Por último, la jueza rechaza solicitar a la Embajada de Japón en España la traducción de correos consulares enviados los días 28 y 30 de octubre de 2024. Resalta que esta legación diplomática adoptó medidas de protección para sus ciudadanos, indicando que la DANA no fue un fenómeno imprevisto, ya que la Universitat de Valencia y otras entidades tomaron precauciones. La magistrada enfatiza que estas medidas debieron servir de advertencia a la Conselleria de Interior sobre la gravedad de la situación, lo que requería acciones preventivas.
