La jueza del caso DANA exige a Emergencias identificar a los responsables del envío de alertas Es-Alert

También rechaza nuevas pruebas sobre móviles oficiales y la presa de Forata, y admite a AVA como acusación popular

📍 VALÈNCIA, 30 de mayo de 2025
✍️ Redacción | EFE / Adaptación: Locos por Valencia

La jueza que instruye la investigación por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó la muerte de 228 personas en la Comunitat Valenciana, ha dictado cuatro nuevos autos que marcan avances clave en la causa. Entre ellos destaca la petición a la Generalitat para identificar a los funcionarios habilitados para enviar alertas del sistema Es-Alert, el rechazo a nuevas pruebas solicitadas por varias acusaciones y la aceptación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) como acusación popular.

El sistema Es-Alert, bajo la lupa judicial

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado, a petición de la acusación popular ejercida por Ciudadanos, que la Conselleria de Emergencias identifique a todas las personas acreditadas para redactar y validar los mensajes de Es-Alert el 29 de octubre de 2024, así como la formación que habían recibido y cuáles estaban de servicio ese día.

La magistrada considera que “lo decisivo no era el medio utilizado, un mensaje a los móviles, sino que llegase a la población de forma correcta”. Añade que el sistema Es-Alert podría haber resultado “prácticamente inoperativo en una situación de emergencia”, según las explicaciones ofrecidas por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

“El mensaje nunca llegó de forma efectiva”

En el auto, la jueza subraya que lo importante no era el canal, sino la eficacia del aviso:

“Cualquiera de los canales disponibles —Es-Alert, redes sociales, RTVV o medios generalistas— podría haber servido para transmitir un mensaje que realmente salvaguardara a la población… y que nunca llegó”, lamenta.

De hecho, señala que el mensaje enviado a las 20:11 solo indicaba “estar atentos a futuros avisos”, sin una instrucción clara, urgente y efectiva, algo que pudo haber influido en el número de víctimas.

Rechazo a más pruebas sobre móviles y presas

En otro auto, la jueza ha rechazado la petición de Acció Cultural del País Valencià para solicitar información sobre los teléfonos móviles oficiales de los dos investigados: la exconsellera Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada considera que dicha solicitud afecta al secreto de las comunicaciones, un derecho fundamental cuya vulneración solo puede justificarse en casos de delitos dolosos, algo que no se ha acreditado por el momento.

También ha sido denegada la solicitud de una acusación particular para incorporar a la causa los informes anuales de la presa de Forata (2023 y 2024). La jueza argumenta que ya existen informes similares en la causa, que la petición resulta redundante y que la presa está ubicada en una cuenca distinta a la del lugar donde murió la pareja por la que se presenta esta acusación, por lo que “no contribuiría a esclarecer los hechos”.

AVA-Asaja se persona como acusación popular

Por último, la instructora ha aceptado la personación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) como acusación popular en el procedimiento, condicionada a que consigne una fianza de 6.000 euros en un plazo de diez días hábiles.

Este nuevo actor procesal se suma a un caso cada vez más complejo y con fuerte carga política, social e institucional, en el que se investiga la gestión de la emergencia más letal registrada en décadas en la Comunitat Valenciana.

Contexto: 29 de octubre, la noche del colapso

La tragedia se desencadenó con la entrada de una DANA que provocó lluvias torrenciales, desbordamientos y colapsos en zonas como el Barranco del Poyo, a su paso por Paiporta, en la comarca de l’Horta Sud. Numerosas voces critican que el sistema de alertas falló, que la respuesta institucional fue insuficiente y que se dejaron zonas sin evacuar a tiempo.

La instrucción sigue su curso mientras se intenta depurar responsabilidades y esclarecer si hubo negligencia institucional en la cadena de mando y en los protocolos de alerta y respuesta.