La formación de Puigdemont exige retirar las medidas y sostiene que reducirán la oferta de alquiler y presionarán al alza los precios
Junts ha decidido votar en contra de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, cerrando la puerta al acuerdo que PSOE y la formación de Carles Puigdemont habían intentado alcanzar durante los últimos días.
La decisión ha sido adoptada por la Ejecutiva Nacional de Junts este jueves, horas antes de que las medidas sean sometidas a votación en el Congreso.
El partido reclama al Ejecutivo que retire los textos y vuelva a negociar unas medidas diferentes. Junts sostiene que buena parte de las disposiciones aprobadas pueden provocar un efecto contrario al pretendido, al reducir la oferta de viviendas en alquiler, aumentar los precios y dificultar el acceso a quienes tienen menor capacidad económica.
El Gobierno, por su parte, ha presentado las medidas como una respuesta destinada a ampliar la oferta de vivienda asequible y reforzar la protección de los inquilinos.
Del posible acuerdo al rechazo de Junts
El anuncio supone un giro respecto al escenario abierto apenas una semana antes.
Junts había condicionado su respaldo al decreto a la incorporación de rebajas fiscales para propietarios y mayores garantías para los pequeños tenedores.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró entonces que el PSOE estaba estudiando sus propuestas y que algunas eran vistas favorablemente.
Las conversaciones se habían intensificado después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en un piso de renta antigua en el madrileño barrio de Retiro.
Junts puso entonces sobre la mesa medidas fiscales relacionadas con el alquiler y la compra de vivienda, protección para los pequeños propietarios y restricciones dirigidas a los denominados fondos buitre.
El acuerdo finalmente no ha llegado.
Dos decretos diferentes
El Congreso tendrá que pronunciarse sobre dos reales decretos leyes.
El Real Decreto-ley 26/2026 incluye, entre otras cuestiones, una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2028, la suspensión en determinados supuestos de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas relacionadas con los grandes tenedores y modificaciones en varios impuestos. También incorpora actuaciones para ampliar el parque público y fomentar la vivienda asequible.
El Real Decreto-ley 27/2026 modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para prolongar determinados contratos de alquiler de vivienda habitual. Una vez alcanzados al menos cinco años de contrato —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica— contempla nuevas prórrogas salvo que alguna de las partes comunique su intención de no continuar.
Precisamente la intervención sobre los contratos de alquiler ha sido uno de los principales puntos de enfrentamiento entre Junts y los partidos de la izquierda.
La formación catalana ya había defendido anteriormente que determinadas políticas de control del alquiler pueden perjudicar la oferta. Esa posición figura también en documentos políticos del propio partido.
Votación este viernes
El Pleno extraordinario del Congreso comenzará este viernes 2 de octubre a las 11.00 horas y decidirá por separado la convalidación o derogación de cada uno de los decretos.
El anuncio de Junts modifica sustancialmente la aritmética con la que el Gobierno afrontará la sesión y supone un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y uno de los grupos cuyos votos han resultado determinantes durante la legislatura.
El resultado definitivo, sin embargo, no se conocerá hasta que se produzcan las votaciones en el Congreso.
