La justicia colombiana denegó hoy las medidas cautelares solicitadas por un ciudadano para impedir la adjudicación del contrato de rescate del galeón español San José, cuyo pecio fue hallado en cercanías de Cartagena de Indias, informaron fuentes oficiales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la pretensión del ciudadano que en una acción popular alegó que la Alianza Público Privada (APP) propuesta por el Gobierno para el rescate del navío era una amenaza para los derechos de los colombianos.
Santos, que entregará la presidencia el próximo 7 de agosto, alegó en esa ocasión que hay medidas cautelares en la justicia por resolver puesto que “ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso” de adjudicación a la APP para el rescate del pecio.
Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Cultura indico que “ninguna de las pretensiones, ni los argumentos de la demanda, que solicitaba suspender las acciones adelantadas por el Gobierno nacional, mediante medidas cautelares, prosperaron”.
El fallo, consideró, “es un pronunciamiento de fondo” y “da enorme tranquilidad” al Gobierno en el proceso.
“Se ha actuado en todo conforme a la ley. De ahí que aquellos que han querido denotar falta de transparencia o irregularidades, no tenían razón”, agregó.
Según el ministerio, el auto de notificación de la decisión judicial quedará ejecutado el próximo 2 de agosto y se concede un plazo de cinco días hábiles para recibir las propuestas de otros proponentes.
Por lo tanto, “este plazo llega entonces hasta el día 10 de agosto de 2018 y le corresponderá al nuevo Gobierno decidir sobre el particular”, de acuerdo con la misma fuente.
El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Desde el anuncio del hallazgo del galeón, en diciembre de 2015, surgieron disputas ya que España aduce que por tratarse de “un barco de Estado” con su bandera le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad
