Un juzgado decide suspender la orden de cierre de tres restaurantes en La Marina
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia ha decidido suspender la orden que obligaba al cese de actividad de tres restaurantes ubicados en La Marina. Esta medida había sido dictada por el concejal delegado de Grandes Proyectos, Contratación y Control Administrativo del Ayuntamiento de Valencia.
Según un auto fechado el 23 de mayo, el juzgado ha estimado la medida cautelar solicitada por los propietarios de los restaurantes, suspendiendo así la ejecución del acto administrativo que requería el cierre de los establecimientos al término del contrato, o como máximo, antes del 31 de mayo. Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un plazo de 15 días.
Los propietarios de los establecimientos alegaron que la orden se basaba en un acuerdo municipal que consideran nulo y que les causaría un perjuicio significativo. El juzgado aceptó su petición por no encontrar falta de aparente derecho en su solicitud y por considerar que el cierre afecta negativamente sus intereses, mientras que el supuesto interés general no justifica esta acción sin una clara base legal.
En la resolución, se menciona que, aunque no se juzga el fondo del asunto, esta decisión implica una “especie de desahucio administrativo” que no procede al tratarse de bienes de naturaleza patrimonial. Además, el arrendatario, al negarse a desalojar los locales tras la expiración del contrato, sigue obligado a pagar la renta y cumplir con las condiciones de su actividad.
Por otro lado, los propietarios han anunciado que solicitarán la nulidad de las actas de inspección. Juan Chapapria, portavoz del despacho Chapapria-Navarro & Asociados, explicó que con esta suspensión se invalida el desalojo previsto y que los restaurantes seguirán operando y cumpliendo con sus compromisos. Además, no descartan exigir compensaciones por los daños causados por la difusión de la orden de cierre.
Chapapria subraya que será un juzgado de lo Civil el que decida sobre las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato, ya que, según argumenta, el ayuntamiento no puede recuperar de oficio los locales debido a su naturaleza patrimonial. Asimismo, cuestiona la validez de las denuncias de la Policía Local en este contexto y anuncia que se impugnarán los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que ordenaban el cierre y adjudicación de los locales a una organización sin ánimo de lucro y a la Autoridad Portuaria de Valencia.
Desde el Ayuntamiento, por su parte, se recalca que el auto no aborda el incumplimiento del contrato y se adelanta que el 1 de junio se presentará una demanda de desahucio ante los tribunales civiles, ya que, según la administración, los contratos de arrendamiento ya han expirado.
