28 de junio de 2020
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Juzgan a un hombre por agredir a una pareja gay que se negó a «ir de putas»

El concreto, el alto tribunal Valenciano reclama 5 magistrados para el TSJ y 12 para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón.
La Audiencia de Valencia juzga el próximo martes a un hombre por agredir a una pareja de homosexuales, con quienes viajaba en el mismo vehículo, y a quienes agredió brutalmente cuando se negaron a aceptar su propuesta de «ir de putas» tras asistir juntos a una boda.

Según consta en el escrito de acusación de la fiscal Susana Gisbert, este suceso se produjo en agosto de 2017 cuando el acusado, mayor de edad y sin antecedentes computables en este caso, viajaba como copiloto en un coche junto a las dos víctimas de su supuesta agresión.

El Ministerio Público relata que todos ellos viajaban por la carretera CV-234, en el término municipal de Paterna, cuando el acusado «se dirigió a todos los ocupantes afirmando que se iban a ir de putas», pero los dos ocupantes de los asientos traseros se negaron rotundamente «aduciendo que eran pareja y que eran gais».

«El acusado montó en cólera y propinó un puñetazo a uno de los ocupantes del asiento trasero, al tiempo que exhortaba al conductor para que detuviese el coche diciendo: ‘Para, que me los cargo’, petición a la que el conductor accedió».

Una vez detenido el vehículo, el acusado -siempre según el relato de la fiscal- «sacó a ambos a empellones del coche, gritándoles ‘maricones de mierda’ y ‘chupapollas’ y propinándoles golpes en la cabeza y en todo el cuerpo» hasta que pudieron huir del lugar.

Los agredidos telefonearon a su amiga, de cuya boda regresaban, para explicarle lo sucedido y comunicarle que uno de sus teléfonos móviles se había quedado en el coche.

A continuación, el supuesto agresor regresó al lugar de los hechos y se dirigió a ellos diciendo: «Hijos de puta, por qué habéis llamado. Maricones de mierda, os voy a matar», unos hechos que también fueron denunciados, junto con los anteriores, el mismo día en que se produjeron.

Como consecuencia de los golpes, uno de los varones agredidos sufrió lesiones en la cara y la mandíbula que requirieron una ortodoncia, y el otro unas lesiones que no requirieron más que una primera asistencia. Ambos fueron atendidos en el Hospital Doctor Peset de Valencia.

La causa respecto al conductor del vehículo fue sobreseída en julio del año pasado por no estar suficientemente acreditado la perpetración de un delito.

Los hechos descritos son constitutivos, a juicio de la fiscal, de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, dos delitos de lesiones y otros dos de amenazas por los que se reclama, en total, una condena de un año y siete meses de prisión.

Asimismo, se pide una multa de 3.600 euros y una indemnización de 670 euros por las lesiones, 70 euros por la atención psicológica, 250 euros por la ortodoncia y 14.000 por daño moral (7.000 a cada uno de los agredidos).

Se reclama también al procesado el pago de 378,98 euros por la atención sanitaria prestada, todo ello con los intereses legales correspondientes.

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NEstas son las nuevas condiciones de los ERTE hasta el 30 de septiembre 0 Más de un minuto de lectura La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa FacebookTwitterGoogle+LinkedInEnviar vía email El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas sociales de reactivación del empleo y de protección del trabajo autónomo, que prorroga hasta el 30 de septiembre los beneficios y exoneraciones de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTES) y las ayudas al colectivo de trabajadores por cuenta propia, establecidos a causa de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. La norma plasma, por un lado, el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo suscrito ayer por el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales, y por otro, el acuerdo alcanzado con las principales asociaciones de trabajadores autónomos. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha agradecido a los agentes sociales la voluntad mostrada para conjugar intereses y obtener resultados beneficiosos para el interés general y el conjunto de la sociedad: «El camino de la unión, el diálogo y el acuerdo es lo que demanda la ciudadanía», ha dicho. Montero ha apuntado que el diálogo social debe ser también la base para alcanzar «un gran pacto por el empleo que siente las bases de un mercado laboral dinámico, moderno y estable». ERTES eficaces La portavoz ha definido a los ERTEs como un mecanismo «eficaz» para evitar la salida directa de los trabajadores del mercado laboral -especialmente las personas más jóvenes o con contratos temporales o precarios- e incentivar la recuperación de la actividad de las empresas y, por tanto, del empleo. De ahí, ha resaltado, que el beneficio de las exoneraciones sea mayor si las empresas reincorporan a sus empleados que si los mantienen suspendidos de empleo. Las empresas que se encuentran en una situación de ERTE por fuerza mayor parcial se podrán beneficiar de las exoneraciones vigentes hasta el 30 septiembre. Las que tengan menos de 50 trabajadores disfrutarán de una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de aquellos que se reincorporen en los meses de julio, agosto y septiembre, y del 35% para los trabajadores que sigan con su empleo suspendido. En el caso de empresas con más de 50 trabajadores estas exoneraciones serán del 40% para los que se activen y del 25% para los que permanezcan en suspenso. Para las empresas que se encuentran en ERTE total se establece un periodo transitorio durante el cual se beneficiarán de exoneraciones decrecientes. Las de menos de 50 trabajadores, obtendrán una bonificación en las cotizaciones del 70% en julio, 60% en agosto y 35% en septiembre. A partir de 50 empleados, este porcentaje de bonificación será del 50%, 40% y 25% respectivamente. La ministra ha destacado, como novedad, que, en caso de que se produzcan rebrotes de COVID-19, las empresas podrían recurrir a un nuevo ERTE de fuerza mayor, con exoneraciones en torno al 80% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% para las de mayor plantilla. Con carácter general, las empresas que se acojan a cualquiera de estas exoneraciones deben seguir manteniendo el empleo durante un periodo de seis meses, por lo que no podrán efectuar despidos. Continuarán sin poder beneficiarse de esta regulación las empresas radicadas en paraísos fiscales. Por su parte, los trabajadores afectados por un ERTE derivado del COVID-19 no tienen que acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a esta prestación, ni se les computa el tiempo que han permanecido en esta situación a efectos de la cotización para el desempleo. Extensión y ampliación de las ayudas a los autónomos La portavoz del Gobierno ha afirmado que proteger al colectivo de trabajadores autónomos es «prioritario», por lo se han prorrogado hasta el 30 de septiembre las medidas establecidas en marzo pasado para los afectados por el cese actividad o la caída de su facturación. El acuerdo alcanzado con las asociaciones ATA, UPTA y UATAE recoge que los trabajadores por cuenta propia que estaban cobrando la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica equivalente al 70% de la base reguladora y una exención de las cotizaciones, no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

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