La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha desestimado dos recursos de apelación presentados por las acusaciones populares de Vox y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y por una acusación particular. Ambas partes solicitaban que se citara a los agentes de la Guardia Civil que elaboraron un informe sobre la cronología y análisis de los desbordamientos ocurridos durante la dana del 29 de octubre y pedían su ampliación, además de la comparecencia de dos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la decisión de la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de las riadas, rechazando las peticiones.
Respecto al recurso de Vox, al cual AVA se adhirió, la acusación defendía que la importancia del informe hacía imprescindible la comparecencia en sede judicial de sus autores para ratificar y aclarar el contenido. Sin embargo, el ministerio fiscal impugnó el recurso afirmando que no se justificaba suficientemente la necesidad de realizar una diligencia adicional.
El tribunal subrayó que la fase previa del proceso debe guiarse por criterios de esencialidad, aclarando que es durante el juicio oral cuando las partes deben presentar sus pruebas de manera exhaustiva. La instrucción judicial no está destinada a confirmar hipótesis de culpabilidad, sino a recopilar toda la información útil para esclarecer los hechos.
En cuanto a la solicitud de ampliar el informe acerca del manejo de la presa de Forata y su relación con las riadas y las consecuencias fatales del 29 de octubre de 2024, la sala concluyó que la información solicitada excede los límites del informe original. La jueza desestimó esta ampliación al entender que abarcaba cuestiones ajenas al ámbito del informe inicial y a las representaciones de las víctimas.
La Audiencia no identificó aportaciones adicionales útiles que la ampliación del informe pudiese proporcionar. Se investiga si la omisión de medidas de parte de quienes tenían el deber normativo de tomarlas influyó causalmente en los daños personales sufridos durante la dana. Sin embargo, no se demostró que la ampliación del informe de la Guardia Civil tuviese relación directa con esta investigación.
Finalmente, la sala determinó que la parte recurrente no proporcionó razones suficientes para cuestionar la decisión de la jueza sobre la cuestión de la presa, ya que la testifical solicitada no aportaría información relevante para el caso en cuestión.
