La Audiencia de Valencia ha desestimado una apelación presentada por una acusación particular que buscaba llevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa penal relacionada con la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. El objetivo era investigar al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, por no haber solicitado al Gobierno central la declaración de emergencia nacional.
Los seis magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han ratificado la decisión de la jueza instructora, que había sido previamente confirmada en mayo y junio por la titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja. Según el comunicado del TSJCV, la jueza denegó la remisión de un razonamiento a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra el presidente de la Generalitat, así como la imputación de la delegada del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
La Audiencia, después de revisar las alegaciones de los recurrentes, consideró “razonable” la decisión de la instructora y concluyó que la petición relativa al presidente de la Generalitat debía ser “directamente desestimada”. El auto de apelación señaló que los recurrentes no justificaron adecuadamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por el TSJCV, que ya había descartado abrir una causa contra Mazón en diciembre pasado.
Adicionalmente, la Sección Segunda rechazó nuevamente la solicitud de imputar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ya que la apelación no ofreció “nuevas alegaciones” que respaldaran un cambio de decisión.
Un segundo auto, notificado el mismo día, también desestimó el recurso de otra acusación particular que solicitaba que la jueza de Catarroja citara a varios testigos, entre ellos Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Seguridad, y José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
