El tribunal avala la decisión de investigar al ex secretario autonómico de Emergencias por los 228 fallecidos en la tragedia del 29 de octubre de 2024, y rechaza los recursos presentados por su defensa y el Ministerio Fiscal.
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Aval judicial a la investigación contra el ex alto cargo
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la imputación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, por su presunta responsabilidad en la gestión de la DANA que provocó 228 fallecidos y múltiples heridos el pasado 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.
La resolución rechaza el recurso de apelación presentado por Argüeso, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, y respalda la decisión de la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Catarroja, quien acordó en marzo de este año su llamamiento a declarar como investigado.
“No es irrazonable ni arbitraria”: la Audiencia respalda la investigación
En su auto, los seis magistrados que componen la Sala subrayan que la resolución judicial “no es irrazonable ni arbitraria”, y que debe situarse dentro de un momento procesal inicial, en el que no se exige una conclusión definitiva sobre la culpabilidad, sino la existencia de indicios suficientes que justifiquen la toma de declaración como investigado.
Según el Tribunal, en esta fase lo relevante es determinar si existen elementos suficientes para indagar si hubo una omisión de deberes por parte de los responsables institucionales, y si esa omisión podría haber tenido relevancia causal en el desenlace trágico de la DANA.
Claves normativas: AVSRE y deberes de actuación
La Audiencia hace una revisión específica de la Ley 4/2017 de la Generalitat, que regula la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), y del Decreto 122/2017, que establece su reglamento orgánico y funcional. A partir de este análisis, concluye que, en este contexto legal, la jueza actuó dentro de su competencia al considerar razonable investigar a quien ostentaba la máxima responsabilidad operativa durante la emergencia.
La Sala añade que “la posición de garantía no es una foto fija, sino que debe evaluarse en el marco del proceso decisional que está siendo objeto de investigación”.
¿Era evitable parte de la tragedia?
Uno de los puntos más relevantes del auto es la reflexión del tribunal sobre el nexo causal entre las decisiones u omisiones administrativas y el resultado mortal de la tragedia. En este sentido, los magistrados insisten en que la investigación no debe limitarse a constatar que se incumplieron deberes, sino que debe verificar si la actuación debida —de haberse producido— podría haber evitado o aminorado los efectos del desastre.
De este modo, el tribunal apunta que uno de los fines del proceso será determinar si la falta de activación de protocolos, la demora en alertas o la ausencia de evacuaciones preventivas pudieron haber tenido una incidencia directa en las muertes.
Un proceso judicial de alto voltaje político
La causa judicial abierta en Catarroja, que afecta también a otros responsables institucionales como la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, se ha convertido en el epicentro político y judicial del escándalo derivado de la gestión de la DANA.
A ello se suman las manifestaciones mensuales organizadas por las asociaciones de víctimas, que han exigido la dimisión del president Carlos Mazón por su “negligente gestión”, y el clamor ciudadano por una investigación independiente y sin interferencias.
Las víctimas exigen responsabilidades
Mientras la vía judicial sigue su curso, las familias de los fallecidos y las plataformas cívicas mantienen viva su demanda de verdad, justicia y reparación. En los últimos días, se han movilizado en Madrid frente al Tribunal Supremo y al Congreso de los Diputados, denunciando la falta de transparencia, la manipulación de cifras y la ausencia de dimisiones.
El nombre de Emilio Argüeso se suma así al de otros altos cargos bajo escrutinio por su papel durante las horas clave del 29 de octubre, cuando la provincia de Valencia fue arrasada por una riada histórica, mientras muchas zonas no recibieron alertas ni asistencia en tiempo y forma.
