La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este miércoles en Madrid ha terminado con un rechazo prácticamente unánime al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno. Todas las comunidades autónomas, incluidas varias gobernadas por el PSOE, han mostrado su oposición a la propuesta defendida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con una única excepción: Cataluña.
El encuentro, que pretendía abrir una nueva etapa en la reforma del sistema, ha evidenciado una profunda fractura territorial y política, agravada por el hecho de que el modelo fuera anunciado previamente por el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.
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Cataluña se queda sola defendiendo el modelo
La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha sido la única voz que ha defendido abiertamente la propuesta. Durante el debate, ha insistido en que el nuevo sistema abre una “ventana de oportunidad” y ha negado que se ponga en cuestión la solidaridad interterritorial.
Romero ha subrayado que, aunque Cataluña recibiría 4.686 millones de euros adicionales, seguiría siendo una comunidad aportadora neta, y ha reclamado al PP que no fomente el “anticatalanismo” y aborde el debate con responsabilidad. Sin embargo, sus argumentos no han logrado sumar apoyos.
Rechazo transversal: PP y PSOE coinciden
El rechazo no se ha limitado a las comunidades gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas con ejecutivos socialistas, se han alineado también contra el modelo.
El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha sido especialmente duro, calificando la propuesta de “lamentable” y asegurando que “no debe salir”. Page ha criticado que Junqueras conociera antes que los presidentes autonómicos los detalles del sistema y ha vinculado el acuerdo a la debilidad parlamentaria del Gobierno.
Desde Asturias, la vicepresidenta Gimena Llamedo ha trasladado que Hacienda presentó el plan como un “punto de partida”, aunque sin aportar documentación técnica suficiente.
Madrid, Valencia y otras comunidades cargan contra el plan
La Comunidad de Madrid ha rechazado frontalmente la propuesta. Su consejera de Hacienda, Rocío Albert, ha hablado de un “sistema de castas” y ha ironizado con que Junqueras debería haber presidido el CPFF.
En la Comunitat Valenciana, el conseller de Hacienda José Antonio Rovira ha endurecido su postura y ha denunciado que el modelo está “diseñado para beneficiar a Cataluña”, calificándolo de “chantaje” político.
Críticas similares han llegado desde Andalucía, Aragón, Galicia, Murcia, Canarias, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja, todas coincidiendo en dos puntos clave:
- Falta de negociación multilateral.
- Reparto que consideran desequilibrado y perjudicial para sus servicios públicos.
Un modelo cuestionado por la forma y el fondo
Más allá de las cifras, muchas comunidades han puesto el foco en el procedimiento, denunciando que el sistema nace “precocinado” tras un pacto bilateral con ERC y sin un debate previo real entre territorios.
El malestar generalizado deja al Gobierno en una posición complicada: el modelo carece de apoyos suficientes y, a día de hoy, no cuenta con el consenso mínimo necesario para prosperar.
Un escenario político bloqueado
La cumbre concluye con un mensaje claro: Cataluña queda aislada defendiendo la propuesta, mientras el resto de comunidades, con independencia de su color político, reclaman retirar el plan y empezar de nuevo.
La reforma de la financiación autonómica, uno de los asuntos más sensibles de la política territorial española, vuelve así a quedar bloqueada, con un Gobierno debilitado y un clima de desconfianza que anticipa un conflicto largo y difícil de resolver.
