La situación de las personas migrantes en municipios de Valencia afectados por la dana es motivo de preocupación, ya que esta catástrofe ha actuado como amplificador de desigualdades estructurales. Así lo han denunciado entidades que atienden a esta población, las cuales alertan sobre el proceso de regularización extraordinaria, al que consideran ineficaz, y el incremento de discursos de odio en redes sociales.
El III Balance Anual sobre Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en Valencia fue presentado por diversas entidades, entre ellas Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Regularización Ya, Unidad Móvil de Atención a Personas Migrantes, AIPHYC, Rumiñahui y Valencia Acull, cuyos portavoces Víctor Navarro, Silvana Cabrera y Esther Mamadou han expuesto las conclusiones del informe.
La situación de las personas migrantes ha empeorado en las zonas afectadas por la dana, aseguran los portavoces. Critican el desconocimiento por parte de las administraciones de temas como la Ley de Extranjería, y lamentan las dificultades para recibir atención y la existencia de episodios de racismo.
El proceso de regularización extraordinaria con motivo de la dana no ha sido suficiente, sostienen las entidades, debido a trabas en el empadronamiento y la poca voluntad de colaboración entre los servicios sociales y ayuntamientos para otorgar un certificado de residencia efectiva.
El informe destaca que más de 40.000 personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular en la zona de la dana el año pasado, aunque solo cerca de 23.000 se acogieron al procedimiento de regularización. Obstáculos como la imposibilidad de empadronarse o no cumplir con los requisitos para el Informe de Residencia Efectiva son señalados como causas de exclusión. Además, se critica el uso obligatorio del correo electrónico en las tramitaciones, la falta de información clara y en varios idiomas, y el insuficiente acompañamiento institucional.
ACCESO LIMITADO A AYUDAS Y DERECHOS
Cabrera ha resaltado que en los territorios afectados, las personas que trabajan en sectores como la construcción, el empleo doméstico y el cuidado suelen ser migrantes, muchas de ellas sin contrato laboral ni posibilidad de regularizar su situación. La falta de empadronamiento ha dificultado el acceso a prestaciones sociales, atención sanitaria y escolarización. En el ámbito educativo, se reportan problemas para reescolarizar a menores que han tenido que cambiar de centro debido a daños en las infraestructuras, así como la ausencia de protocolos antirracistas en las aulas.
En cuanto a la vivienda, no se implementó un plan de reubicación para afectados por la dana, lo que ha llevado a personas a seguir viviendo en condiciones de hacinamiento. Se describen casos como el de un garaje convertido en 14 viviendas en las que habitan 27 personas en condiciones inadecuadas. El informe también señala la falta de inspecciones post-emergencia en áreas vulnerables, perpetuando condiciones insalubres, y critica la descoordinación institucional que retrasó las respuestas.
Cabrera enfatiza la gravedad de la situación actual, subrayando la falta de atención a las personas en situación administrativa irregular, quienes no han recibido ayudas ni autonómicas ni estatales y continúan enfrentando consecuencias a varios niveles.
ESTIGMATIZACIÓN
El informe también aborda el aumento de prejuicios raciales y étnicos, la estigmatización generalizada y la desconfianza en las instituciones públicas. Se destacan mensajes en redes sociales que culpabilizan a personas migrantes de la saturación de recursos públicos, cuestionando su derecho a recibir ayuda humanitaria. Las entidades denuncian actuaciones policiales selectivas basadas en perfil étnico, particularmente durante el reparto de ayuda. También critican la exclusión institucional, donde servicios sociales y centros educativos priorizan a personas nacionales sobre migrantes o exigen documentación no requerida legalmente.
PADRÓN Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Adicionalmente, el informe recopila incidentes discriminatorios y racistas en el área metropolitana de Valencia durante 2025. Esther Mamadou destaca la falta de mejoría respecto a años anteriores, señalando la ausencia de políticas públicas que solucionen problemáticas recurrentes. Se enfatizan las dificultades para que personas migrantes sin hogar o en infraviviendas accedan al empadronamiento especial necesario para acceder a derechos fundamentales. Se denunció que en agosto se dio de baja a 8.594 personas extranjeras del padrón del Ayuntamiento de Valencia.
También se mencionan trabas en el acceso a procedimientos de protección internacional, a pesar de las recomendaciones de organismos como el Defensor del Pueblo. La dificultad para renovar documentos ha derivado en situaciones problemáticas como la pérdida de empleos o el bloqueo de cuentas bancarias. Incluso, se ha detectado un mercado negro en el que se venden citas para dicho procedimiento.
En el ámbito educativo, se destacan dificultades para que los padres entiendan procedimientos administrativos y la falta de apoyo en casos de bullying y racismo en aulas. El informe documenta episodios específicos, como un presunto caso de violencia policial contra una familia colombiana el 14 de mayo, y racismo en administraciones públicas, subrayando la necesidad de una formación más adecuada del personal. Las entidades también denuncian la violencia contra personas sin hogar y la falta de plazas en albergues, que presenta una lista de espera de cuatro meses.
