La tarde del 29 de octubre todavía pesa sobre muchos vecinos de la provincia de Valencia. Mientras el barranco del Poyo comenzaba a transformarse en una amenaza real, dentro de la investigación judicial siguen apareciendo piezas que alimentan nuevas dudas sobre cómo se gestionó aquella emergencia.
La última polémica gira alrededor de un protocolo interno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, lejos de limitar los avisos únicamente al correo electrónico, contemplaba también comunicaciones verbales con Protección Civil en situaciones de riesgo.
La contradicción ha salido a la luz después de la declaración judicial de una veterana técnica del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), quien aseguró que la normativa interna impedía realizar llamadas telefónicas para alertar de crecidas. Sin embargo, la documentación incorporada a la causa dibuja un escenario muy distinto.
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El protocolo que recomendaba confirmar las alertas por teléfono
Las normas internas de actuación de la CHJ, redactadas en 2015 para episodios de fuertes lluvias y riesgo de avenidas, establecían que los avisos debían enviarse por correo electrónico o fax. Pero añadían algo más: la conveniencia de confirmar telefónicamente que esos mensajes habían sido recibidos.
Ese detalle, aparentemente menor, se ha convertido ahora en uno de los puntos más sensibles de la instrucción judicial.
El documento señala incluso que, una vez validada una alerta, el personal debía informar “verbalmente” a Protección Civil. Además, en caso de previsiones de desembalses o situaciones delicadas, las comunicaciones debían trasladarse “oralmente y por fax”.
La diferencia entre enviar un correo y realizar una llamada puede parecer mínima sobre el papel. Pero en medio de una emergencia meteorológica extrema, el matiz adquiere una dimensión completamente distinta.
El correo que llegó dos horas después del último aviso
La declaración de la técnica del SAIH también ha puesto el foco sobre uno de los momentos más críticos de aquella tarde.
A las 18:43 horas se envió el correo que alertaba del fuerte aumento del caudal en el barranco del Poyo, con cerca de 1.700 metros cúbicos por segundo circulando por el aforo de Riba-roja. El mensaje llegaba más de dos horas después del último aviso emitido anteriormente, que hablaba de una tendencia descendente del caudal.
Según explicó la operadora, durante toda la jornada no recibió ninguna llamada desde Emergencias ni desde el puesto de mando de l’Eliana interesándose por la situación concreta del Poyo. Sí hubo, en cambio, múltiples contactos telefónicos desde la Delegación del Gobierno preguntando por el estado de las lluvias.
Ese contraste entre comunicaciones vuelve ahora a situarse bajo la lupa.
Un libro de incidencias que puede ser clave
Otro de los elementos que cobran importancia es el llamado “Libro de Actas” del SAIH.
La normativa interna obligaba a registrar todas las incidencias ocurridas durante episodios de alerta: llamadas recibidas, solicitudes de información, comunicaciones realizadas y hora exacta de cada actuación.
La propia técnica reconoció en sede judicial que policías locales de distintos municipios contactaron con el sistema aquel día. Si se siguió el protocolo establecido, esas conversaciones deberían haber quedado anotadas.
La documentación podría convertirse ahora en una pieza fundamental para reconstruir minuto a minuto qué ocurrió realmente durante las horas más delicadas de la dana.
La gestión de la emergencia sigue dejando preguntas abiertas
Mientras avanza la investigación, la sensación de incertidumbre continúa creciendo alrededor de la actuación de los distintos organismos implicados.
El protocolo existía. Las recomendaciones estaban escritas. Y ahora la gran pregunta que planea sobre la causa es si aquellas directrices se aplicaron realmente cuando el barranco del Poyo comenzaba a desbordar todas las previsiones.
Porque, en situaciones límite, a veces una llamada puede marcar la diferencia entre una simple alerta y una tragedia imposible de frenar.
