La defensa de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior el día de la dana, ha solicitado a la jueza encargada de investigar la gestión de la catástrofe que anule la transcripción de la declaración realizada por Pradas el 11 de abril. La defensa considera que el documento proporcionado a las partes es solo un “resumen o esbozo” de lo declarado, lo que lo hace “incompleto e incorrecto”, y lo califica de “parcial”.
El escrito, presentado en el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja, detalla que Pradas habló durante casi tres horas y respondió a unas 140 preguntas, ofreciendo respuestas extensas y detalladas que fueron relevantes para el desarrollo de la investigación. La defensa resalta que esta exhaustividad no fue arbitraria sino necesaria debido a la gravedad de las imputaciones, que incluyen homicidio por omisión de más de 200 personas.
En la declaración, se trataron temas clave como la distribución de competencias en emergencias, los eventos del 29 de octubre, la información que tenía Pradas ese día y el funcionamiento del Cecopi. Estos puntos se consideran fundamentales para el caso, que implica delitos por omisión y una “patente pasividad” por parte de Pradas.
La defensa insiste en que una transcripción adecuada debe reflejar completamente la realidad de la declaración, sin omitir partes o matices importantes. Afirma que la grabación de la declaración debería garantizarse para proteger el derecho de defensa, sugiriendo que la única forma legítima de proporcionar esta información a todas las partes es con una transcripción literal.
Pradas, durante su declaración ante la jueza, aclaró que su rol “institucional” carecía de asesores en emergencias y dependía de los expertos para la coordinación. Destacó que actuar en contra de la guía de los técnicos habría sido irresponsable y potencialmente un delito de prevaricación. En su defensa, señaló la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y negó la espera por el ‘president’, Carlos Mazón, para emitir una alerta.
Pradas solo contestó a preguntas de su abogado, explicando que los planes de emergencia están diseñados para funcionar automáticamente, sin necesidad de tomar decisiones en el momento. Subrayó que ella, siendo abogada, no tenía experiencia en emergencias y su equipo en la Consellería no incluía especialistas en el área. Los expertos en emergencias estaban en el comité asesor del Cecopi, mientras que tanto ella como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, desempeñaban un papel institucional sin experticia en la materia.
