El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado que las recientes normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aprobadas por la Comisión de Explotación del Ministerio de Transición Ecológica, representan un nuevo golpe para la provincia. Pérez acusa al Gobierno de España de querer eliminar esta infraestructura sin justificación técnica adecuada y solicita unidad entre todos los grupos políticos para defenderla.
En declaraciones en Sant Vicent del Raspeig, Alicante, Pérez explicó que, mientras en España hay numerosos trasvases que operan sin cuestionamientos y que incluso se mejoran, el Tajo-Segura sufre una política restrictiva sin base técnica. Subrayó el impacto negativo de las nuevas reglas de explotación.
Según un comunicado de la Diputación, las nuevas normativas aumentan el umbral de reservas en la cabecera del Tajo de 1.300 a 1.600 hectómetros cúbicos para activar el nivel 1, reduciendo las transferencias mensuales de 60 a 24 hectómetros cúbicos. En los niveles 2 y 3, los volúmenes a trasvasar también se reducen, afectando principalmente a la agricultura.
Pérez considera paradójico que, sin rigor técnico, se decida recortar los caudales de agua al Levante español, impactando la agricultura, el consumo humano, la industria y el turismo. Critica lo que describe como una regresión en un derecho vital como es el acceso al agua, al mismo precio que en el resto de España.
El dirigente alicantino ha señalado que, cada vez que el PSOE está en el Gobierno, su enfoque respecto al agua es recortar el trasvase Tajo-Segura. Por ello, pide al PSOE en la provincia de Alicante que aclare su postura y defienda los intereses locales.
Finalmente, Pérez aseguró que tanto la Diputación de Alicante como los ayuntamientos y parte del ámbito político, refiriéndose al PP, se mantendrán firmes en la defensa del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que lleva más de cuarenta años siendo fundamental para la agricultura, el sector industrial y el turismo en Alicante.
