La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España una modificación en la regulación del nuevo registro de viajeros, argumentando que es necesario defender al sector turístico. En el pleno ordinario de mayo, programado para este martes, la corporación provincial presentará una moción en la que solicita al Ejecutivo central entablar un proceso de diálogo con el sector turístico para modificar el nuevo registro, parte del Real Decreto 933/2021, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024. Esta normativa afecta al registro de viajeros en hospedajes y en el alquiler de vehículos a motor, según ha informado la institución provincial.
La moción también pide al Gobierno que, tras lograr una solución consensuada con los operadores implicados, establezca las normas necesarias para el desarrollo de las obligaciones de registro documental e información, permitiendo un marco de obligaciones equilibrado y que garantice la seguridad jurídica para todos los entes turísticos involucrados.
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la urgencia de modificar el nuevo registro de viajeros, señalando que desde su implementación en diciembre pasado solo ha generado malestar en el sector turístico de Castellón. Ha mencionado que este sistema complica el proceso tanto para hoteles como para viajeros.
Barrachina ha lamentado la “falta de atención, flexibilidad y racionalidad” del Gobierno central hacia el principal contribuyente al Producto Interior Bruto (PIB) español y ha advertido que la nueva norma afecta negativamente la competitividad del sector y la actividad turística.
También ha señalado que el nuevo registro podría desviar el tráfico turístico hacia otros destinos competidores, impactando la posición de liderazgo de España en Europa y afectando la llegada de turistas a Castellón. Además, ha alertado sobre el impacto negativo de la norma en la operativa de las empresas turísticas y en los derechos de protección de datos y privacidad de viajeros y consumidores.
El Real Decreto 933/2021, ha indicado Barrachina, genera inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento al exigir 42 datos de los viajeros, lo que significa una carga administrativa excesiva y una vulneración de la normativa europea, poniendo a España en desventaja frente a competidores internacionales.
Por todas estas razones, la dirigente provincial ha expresado su “total rechazo” al nuevo registro de viajeros y ha ofrecido su apoyo al sector turístico de la provincia de Castellón para acabar con este control gubernamental. Ha recordado que el turismo es un sector estratégico para la provincia, representando el 14 por ciento de su PIB y generando 25.000 empleos.
