El Parlamento Europeo reclama adaptar las posibilidades de captura a cada tipo de flota y exigir al pescado importado condiciones equivalentes a las europeas

El Parlamento Europeo ha reclamado una revisión de la Política Pesquera Común que puede tener especial trascendencia para la Comunitat Valenciana. La Eurocámara quiere que el reparto de las posibilidades de captura tenga en cuenta las características de cada tipo de flota, incluida la pesca artesanal, y no dependa únicamente de criterios medioambientales o del historial de capturas. Al mismo tiempo, reclama que los productos pesqueros importados cumplan exigencias equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La resolución fue aprobada este jueves con un amplio respaldo: 476 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones.

El planteamiento cobra especial importancia porque, según los datos de 2025 citados por Europa Press procedentes de la Generalitat, la flota pesquera de la Comunitat Valenciana está formada por 460 embarcaciones, repartidas entre artes menores, arrastre, cerco y diferentes modalidades de palangre.

Alicante concentra más de la mitad de la flota valenciana

La provincia de Alicante dispone de 241 embarcaciones, distribuidas entre 13 puertos base.

Castellón cuenta con 136 barcos en cinco puertos, mientras que la provincia de Valencia suma 83 embarcaciones repartidas entre cuatro puertos.

Esto significa que Alicante concentra aproximadamente el 52% de toda la flota autonómica, Castellón cerca del 30% y Valencia alrededor del 18%.

La diversidad de embarcaciones y modalidades es precisamente uno de los argumentos que ahora recoge el Parlamento Europeo: no todas las flotas trabajan de la misma manera ni tienen las mismas características económicas y sociales.

La Eurocámara quiere cuotas adaptadas al tipo de barco

La resolución plantea que los Estados miembros tengan en cuenta los diferentes segmentos de la flota cuando distribuyan las posibilidades de pesca.

El Parlamento Europeo reclama que entren en juego factores económicos y sociales, además de los criterios ambientales y el historial de actividad que tradicionalmente han tenido un peso considerable.

La intención es que la Política Pesquera Común contemple de manera más específica las circunstancias de la pesca artesanal y de bajura, junto con las del resto de modalidades.

También se apuesta por incentivar artes más selectivas y técnicas capaces de reducir tanto el consumo energético como el impacto sobre los hábitats marinos.

El 80% de los productos consumidos en la UE procede de importaciones

El segundo gran frente abierto por la Eurocámara es la competencia exterior.

Según la resolución, los productos importados representan aproximadamente el 80% de los productos pesqueros consumidos en la Unión Europea.

El Parlamento considera necesario avanzar hacia una mayor reciprocidad y propone incorporar las denominadas «medidas espejo» en los acuerdos comerciales.

El principio es sencillo: si los pescadores europeos tienen que cumplir determinadas normas medioambientales, sanitarias, laborales o productivas, Bruselas debería evitar que compitan en desigualdad de condiciones con productos procedentes de países donde las exigencias sean diferentes.

Mismas reglas para el pescado europeo y el importado

Esta reivindicación ha sido planteada repetidamente por sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros europeos.

La resolución pretende trasladarla a los acuerdos comerciales de la UE para evitar que las obligaciones impuestas a los productores comunitarios terminen convirtiéndose en una desventaja competitiva.

El planteamiento tiene una incidencia evidente en territorios pesqueros como la Comunitat Valenciana: no se trataría únicamente de cuánto pueden capturar sus barcos, sino de en qué condiciones compiten posteriormente esas capturas en el mercado europeo.

Más información sobre lo que compramos

El Parlamento Europeo reclama también modificar y reforzar la información proporcionada al consumidor.

Los eurodiputados quieren que exista una distinción clara entre productos procedentes de pesca salvaje y acuicultura, así como entre alimentos de origen marino y alternativas vegetales.

La resolución plantea incluso impedir que productos que no contengan una determinada especie acuática puedan comercializarse utilizando su denominación.

Cuando sea posible, también propone incorporar información nutricional adicional, como el contenido de Omega-3.

Simplificar la burocracia pesquera

Otra de las grandes reclamaciones afecta a la carga administrativa que soportan los pescadores.

La eurodiputada del PP Carmen Crespo ha reclamado que la evaluación de la Política Pesquera Común desemboque en cambios legislativos y ha defendido un paquete de simplificación que elimine obligaciones administrativas y corrija normas contradictorias.

Desde el PNV, Oihane Agirregoitia ha respaldado igualmente una reforma que conceda mayor margen a la gestión regional y tenga en consideración la rentabilidad, competitividad, seguridad alimentaria y dimensión social del sector.

Entre los problemas mencionados aparecen el incremento de los costes de explotación, el envejecimiento de la flota, la falta de relevo generacional y la competencia de terceros países.

Debate sobre la obligación de llevar todas las capturas a puerto

La obligación de desembarque constituye otro de los asuntos que el Parlamento quiere revisar.

La normativa obliga a desembarcar determinadas capturas, incluidas algunas no deseadas o ejemplares por debajo de determinados tamaños.

Entre las alternativas planteadas aparecen mecanismos de gestión de cuotas, reservas comunes, vedas en tiempo real y medidas destinadas a reducir las capturas accesorias.

El BNG reclama ir todavía más lejos y excluir a la flota artesanal de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas, además de flexibilizar determinados controles. Se trata de la posición defendida por esta formación, no de una medida aprobada como tal por la Eurocámara.

Una resolución que ahora debe traducirse en cambios

La votación del Parlamento Europeo supone un posicionamiento político relevante, pero no implica que desde mañana cambien automáticamente las cuotas de los pescadores valencianos.

El siguiente paso será determinar hasta qué punto estas reclamaciones terminan trasladándose a reformas concretas de la Política Pesquera Común y a las propuestas legislativas de la Comisión Europea.

Para los 460 barcos de la Comunitat Valenciana, el debate afecta a cuestiones fundamentales: cuánto pueden pescar, cómo se distribuyen las posibilidades de captura, qué obligaciones administrativas deben cumplir y bajo qué condiciones compiten con el pescado procedente de terceros países.

Y ahí reside probablemente el principal mensaje de la resolución: Europa comienza a plantearse que la sostenibilidad de la pesca no puede medirse únicamente en términos medioambientales, sino también atendiendo a la supervivencia económica y social de las comunidades que continúan viviendo del mar.