El Ministerio Público no ve delito en las pseudoterapias denunciadas por Compromís, pero traslada el caso a la Conselleria de Educación por una posible infracción administrativa de la ley de igualdad LGTBI.
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Un archivo judicial que reabre el debate social
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido archivar la denuncia interpuesta por Compromís en octubre de 2024 contra varios colegios diocesanos supuestamente implicados en la aplicación de terapias de conversión. La decisión judicial, comunicada en un informe fechado el 15 de abril de 2025, concluye que no existen indicios suficientes para considerar los hechos como constitutivos de delito.
Según la fiscal encargada del caso, no se han identificado víctimas directas ni se ha podido demostrar que se haya inducido, promovido o facilitado el odio hacia el colectivo LGTBI en el marco de los hechos denunciados. Sin embargo, la resolución no cierra la puerta a posibles responsabilidades de carácter administrativo.
Educación, ahora en el centro
La Fiscalía ha remitido el caso a la Conselleria de Educación, al considerar que podría haberse vulnerado la ley autonómica de igualdad LGTBI (Ley 23/2018), que sanciona con falta muy grave la promoción, realización o difusión de terapias de conversión o pseudoterapias orientadas a modificar la orientación o identidad sexual de las personas.
Será ahora esta conselleria la que deberá analizar si los materiales divulgados por las entidades señaladas —entre ellas la Fundación Sant Vicent Màrtir Col·legis Diocesans— incumplen la normativa autonómica. En caso afirmativo, podrían imponerse sanciones económicas e incluso la retirada de conciertos educativos.
Contenidos polémicos en páginas web
Aunque no se hallaron víctimas directas, la investigación sí detectó contenidos en páginas vinculadas a las instituciones mencionadas donde se presentan cursos y publicaciones que califican la homosexualidad como resultado de traumas, desórdenes emocionales o maduración sexual fallida.
Estos materiales proponen intervenciones de tipo pastoral o psicológico con el objetivo de “restaurar” la masculinidad o feminidad “natural”, una visión completamente alejada del consenso científico y que contradice la legislación vigente.
Para colectivos LGTBI, este tipo de mensajes constituyen una forma de violencia simbólica que perpetúa la discriminación y el estigma, especialmente en contextos escolares donde jóvenes en proceso de autodefinición pueden verse gravemente afectados.
Reacción de Compromís: “Una oportunidad para actuar”
Desde Compromís, formación que presentó la denuncia, se ha lamentado el archivo judicial, pero se valora positivamente que la Fiscalía haya trasladado el caso a Educación. “Lo importante es que esto no quede impune. Es hora de que se revise qué se está enseñando en centros educativos que reciben dinero público”, han afirmado desde la coalición.
También han reclamado al Consell que actúe con contundencia y se asegure de que ningún centro con fondos públicos fomente ideas que atenten contra la diversidad sexual o promuevan tratamientos que buscan “curar” lo que no es una enfermedad.
¿Y ahora qué puede pasar?
La Conselleria de Educación tendrá que estudiar el caso y determinar si procede abrir expediente sancionador. En caso de considerarse infracción muy grave, las sanciones podrían ir desde multas importantes hasta la rescisión de convenios de financiación con los centros implicados.
Por otro lado, asociaciones de padres, organizaciones LGTBI y entidades educativas ya han pedido mayor vigilancia sobre los contenidos que se imparten en el ámbito educativo, especialmente en centros concertados religiosos, donde se han registrado las principales denuncias.
