La Fiscalía califica el ‘procés’ de “atentado contra el interés general” y las defensas piden que el juicio sea en Cataluña

4899338La Fiscalia del Tribunal Supremo ha calificado este martes los hechos relativos al ‘procés’ de “atentado grave al interés general de España” que “trasciende de la Comunidad Autónoma” para defender que sea el alto tribunal el que enjuicie a los 18 líderes independentistas catalanes procesados, mientras que las defensas han argumentado que los hechos que se enjuician “no son típicos de los delitos de rebelión y sedición”, y recuerda que ocurrieron en Cataluña, por lo qu pide que sean juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Este martes se ha celebrado en el Tribunal Supremo durante unas cuatro horas la vista de los artículos de previo pronunciamiento, en la que el alto tribunal debe decidir si es competente para juzgar a los líderes soberanistas, para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. Se trata del último paso antes de iniciar el juicio el próximo año.

En primer lugar, durante unas tres horas, los abogados de la defensa, uno a uno, han ido exponiendo sus argumentos para solicitar que los 18 procesados, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, varios exconsellers, el exlíder de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre otros, sean juzgados en Cataluña.

Por contra, la Fiscalía del Supremo, la Abogacía del Estado y la acusación particular ejercida por Vox han abogado por que sea el alto tribunal el que continue enjuiciando a los líderes soberanistas, como estaba previsto porque “los delitos deben entenderse como cometidos en todo el territorio nacional”.

La defensa insiste: “Los hechos sucedieron íntegramente en Cataluña”

Todas las defensas han coincidido en solicitar que sea el TSJC el que los juzgue porque los hechos que se les imputa relativos al ‘procés’ “sucedieron íntegramente en Cataluña”. En concreto, los abogados se han referido a lo acontecido el 20 y 21 de septiembre, así como el referéndum del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

De hecho, han explicado que de darse los delitos de rebelión y sedición, de los que se les acusa, se habrían cometido en dicha comunidad autónoma. Es más, han recordado que “ningún elemento tipo de los delitos de malversación y desobediencia se han cometido fuera de territorio catalán” y que, por tanto, solo afecta, a su parecer, al patrimonio de Cataluña.

Además, los letrados han señalado que la apertura de delegaciones en el exterior, la creación de webs alojadas en otros países, la compra de urnas y la contratación de observadores internacionales, entre otras acciones, “no constituyen un elemento de los delitos de rebelión o sedición”, sino que solo fueron “actos preparatorios”.

Asimismo han señalado que los acusados “son políticos haciendo política” y han asegurado que “el proceso (judicial) no ha seguido las reglas del juego”, porque eso implica, han asegurado, respetar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que recoge que “en las causas contra los diputados del Parlament de Cataluña es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

“Con Mas nadie planteó que la competencia fuera del Supremo”

Además, las defensas han apuntado a otra razón para que no sean juzgados en el Supremo: hay precedentes similares como el caso del expresidente catalán Artur Mas que fue juzgado por la consulta del 9N en el TSJC.

“Con Mas nadie nos planteó que la competencia era del Tribunal Supremo”, ha explicado Pina al recordar el caso de Mas, que fue juzgado en Cataluña y a quien precisamente el TS le rebajó este lunes la condena de inhabilitación. En la consulta del 9N, han explicado, también hubo observadores internacionales, votos en el exterior, campaña en el extranjero y Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña), por lo que de juzgar los hechos en el Supremo habría “un cambio de criterio competencial absolutamente injustificable”.

También han defendido el derecho de sus clientes a la “doble instancia” y a ser juzgados por un “juez ordinario predeterminado por la ley”, pues han considerado que si los juzga finalmente el Supremo, no tendrían la posibilidad de recurrir la sentencia ante una instancia superior, algo que no ocurriría en el caso de que fuese el TSJC quien les juzgase, cuando podrían recurrir el fallo precisamente ante el Supremo.

En los casos concretos del exlíder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y del exconseller Santi Villa, sus abogados han advertido de que no son “aforados”, por lo que no se les debe juzgar en el Tribunal Supremo. Además, la defensa de Cuixart también ha alegado que si se juzga a su cliente en el Supremo se vulneraría “el derecho a que el juicio se desarrolle en lengua catalana”.

Por otra parte, varios abogados han culpado a la Fiscalía de ser la parte que ha promovido que la causa del ‘procés’ se instruya y enjuicie en el Supremo, pues, en su opinión, ha apelado “al argumento sentimental” de que “esto afecta a todo el mundo”. En este sentido, han acusado al Ministerio Fiscal de hacer una “confección artificial” de lo ocurrido con el 1-O y la DUI para forzar un juicio en Madrid.

También las defensas han cuestionado el argumento de la “internacionalización” del ‘procés’, empleado por la Fiscalía, y han asegurado que hechos como la sucursal en Bruselas, las conferencias en als que se critica a España, las entrevistas de Carles Puigdemont a medios de comunicación extranjeros son “hechos de apoyo” y “actos aislados”.

La acusación pide mantenerlo en el Supremo

Tras un receso de quince minutos, ha llegado el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de la acusación particular ejercida por Vox, que durante algo menos de una hora han expuestos sus argumentos para que la causa se mantenga en el Supremo.

El fiscal del Supremo Jaime Moreno ha apostado por que sea el alto tribunal el que enjuice a los líderes independentistas, y ha argumentado para ello que la aprobación de la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament fue un “atentado al orden constitucional” y que declarar la independencia de Cataluña es algo que “afecta a todo el territorio nacional“.

El Estado constitucional y democrático y su corazón, el Tribunal Constitucional, estaban en la diana, en el corazón de ese ataque en tanto que deroga la ley máxima, la Constitución, y ello no afecta solo al territorio de la comunidad, su resultado afecta a todo el territorio nacional”, ha defendido el fiscal.

Además, respecto al argumento de las defensas de que no hubo violencia, el fiscal ha concedido de que aunque “efectivamente” no fueron actos violentos, “no todos los actos de ejecución de un delito de rebelión tienen que ser violentos”.

Por su parte, la letrada de la Abogacía del Estado, Lucía Padreño, ha considerado que sí que hubo “actos de internacionalización”, por lo que toda la actividad exterior que llevó a cabo la Generalitat son “suficientes” para justificar que la causa sea juzgada en el Supremo.

Y para finalizar la vista, ha tomado la palabra la acusación particular ejercida por Vox. Su abogado, Pedro Fernández, ha suscrito “todos los argumentos expuestos” por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Para Fernández, el bien jurídico atacado en el caso del ‘procés’ tiene “trascendencia para todo el conjunto de la sociedad” española, ya que son “la Constitución y la unidad territorial”.

El Supremo resolverá en los próximos días

El tribunal, formado por siete jueces y presidido por Manuel Marchena, después de que fueran rechazadas las recusaciones presentadas contra él, resolverá en un auto las cuestiones previas en los próximos días.

La vista se ha celebrado sin la presencia de los acusados, a quienes no se les espera hasta el inicio de la fase de interrogatorios del juicio oral que se prevé que comience entrado el mes de eneroLa expectación mediática de esta vista ha sido muy alta, pues se han acreditado 226 periodistas de 70 medios de comunicación, según el alto tribunal.

Si se rechazan las peticiones de las defensas, el juicio se celebrará tal y como se previó desde el principio en el Supremo, en sesiones que pueden extenderse durante varios meses en las que la Fiscalía tratará de justificar su petición de penas por delitos de rebelión.

 

 

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