La Fiscalía española querelló al destituido Gobierno de Cataluña por rebelión y sedición

La acusación alcanza al desplazado presidente Carles Puigdemont y a su gabinete, y a la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar un proceso independentista. Podrían ser condenados a penas de prisión efectiva

La Fiscalía General del Estado español presentó hoy querellas por rebelión, sedición y otros delitos contra los integrantes del destituido Gobierno de la región de Cataluña y contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar un proceso independentista.

Además, el fiscal no descartó pedir prisión provisional ni reclamar una fianza o embargos por valor de 6.207.450 euros.

En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes irá a la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con foro especial tras haber sido cesados por el Gobierno español.

En cambio, los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, pues sí cuentan con un foro especial como parlamentarios, añadió Maza.

En ambos casos, la Fiscalía pide que los querellados sean citados para prestar declaración “en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares” por la “gravedad” de los hechos y de los delitos imputados.

Los jefes de la rebelión, según el Código Penal, se pueden enfrentar a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Y el Código Penal castiga la sedición con penas de cuatro a ocho años, pero en el caso de los líderes de la revuelta, la pena puede elevarse a 15 años.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, de todo su gabinete y otros altos cargos, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.

La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un “Estado independiente en forma de república”.

El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una “crisis institucional” que culminó con la “declaración unilateral de independencia” por parte del Parlamento catalán con un “total desprecio” a la Constitución española.

En el caso de la presidente del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, Maza argumentó que estos permitieron la tramitación, debate y votación de la declaración de independencia.

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