La Fiscalía malagueña ha solicitado que citen en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente al dueño de la finca de Totalán, en Málaga, donde está el pozo en el que cayó y murió el niño de 2 años, Julen, el pasado 13 de enero.
Tras estudiar toda la documentación, atestados e informes, el Ministerio Público estima que “ya se pueden hacer varias hipótesis de los momentos previos de la fatal caída del pequeño y, por tanto, procede depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes“.
El fiscal ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que tome declaración como investigado al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, por lo que ya se le puede admitir su personación en la causa como investigado, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.
Declaración del pocero
También tendrá que declarar el empresario que efectuó el pozo, Antonio Sánchez, pero en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, cuatro guardias civiles y los senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros.
La defensa del dueño de la finca de Totalán donde se encuentra el pozo, que carecía de las autorizaciones necesarias, asegura que confió en que el pocero hubiera las hubiera tramitado ya que, según explicó en una reciente comparecencia ante la prensa, le había dicho que estaba “todo en regla”.
Cerca de 300 personas participaron en el operativo de rescate de Julen, un dispositivo complicado, que se prolongó durante 13 días, por las dimensiones de la prospección, de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad, que impedía el acceso de un adulto para llegar al punto donde se encontraba.
Investigación
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió unas diligencias primero por la desaparición del niño, en el que se han ido incorporando informes con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.
El primero de los informes incorporado al procedimiento, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban las gestiones realizadas hasta ese momento, incluyendo estudios urbanísticos de la zona.
En dicho informe se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, las “nulas” medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían “contradicciones”.
