La alcaldesa María José Catalá y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, investigadas por presunta prevaricación y tráfico de influencias tras la denuncia de Compromís.
Un nuevo frente judicial se abre en la política valenciana. La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias de investigación penal dirigidas contra el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El núcleo de la investigación reside en supuestas irregularidades cometidas en la creación y asignación de puestos de trabajo a dedo en el contexto de la liquidación del Consorcio Valencia 2007, el ente encargado de la gestión de La Marina.
La investigación se deriva de una denuncia presentada por la coalición Compromís, que acusa a representantes de ambas administraciones de haberse “concertado en el tiempo” para facilitar la recolocación irregular de determinados trabajadores del Consorcio. La Fiscalía ya ha dado los primeros pasos nombrando un fiscal instructor para el caso, señal de que aprecia indicios suficientes para, al menos, indagar en los hechos denunciados.
La tesis de Compromís: Una recolocación orquestada
Según la denuncia de la coalición valencianista, los hechos se produjeron durante el proceso de extinción y liquidación del Consorcio Valencia 2007. Mientras la mayoría de la plantilla —unos veinte empleados— se veía afectada por los despidos, Compromís sostiene que el Puerto de Valencia y dos fundaciones dependientes del consistorio valenciano (la Fundación Deportiva Municipal y Visit Valencia) activaron de forma sospechosa y paralela hasta siete procedimientos administrativos para crear puestos directivos y técnicos.
La acusación principal es que estas convocatorias públicas estaban diseñadas “a medida”, con requisitos muy específicos que coincidían casualmente con el perfil de tres trabajadores concretos a los que se pretendía recolocar. Para Compromís, esto constituyó una “subrogación encubierta” destinada a favorecer a personas específicas, saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el acceso al empleo público.
La “prueba notarial” y la sombra de un urdidor
Un elemento clave en la denuncia es un acta notarial aportada por un grupo de trabajadores del Consorcio que fueron despedidos. Temiendo que el proceso estuviera amañado, acudieron a una notaría antes de que se resolvieran los concursos para certificar los nombres de los compañeros que estaban convencidos de que serían los elegidos para los nuevos puestos. Según el concejal de Compromís Ferran Puchades, estas personas “efectivamente obtuvieron los puestos”, lo que a su juicio demuestra la predeterminación del proceso.
Además, la denuncia señala directamente al concejal José Marí Olano como el presunto “urdidor” del plan, calificándolo de “la mano que mueve los hilos en la sombra en muchas de las decisiones más opacas de este gobierno”.
La defensa de Catalá: “Actuación esperpéntica”
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha respondido con contundencia a la investigación, tildando la denuncia de Compromís de “actuación esperpéntica”. Catalá ha defendido la limpieza de los procesos selectivos y ha acusado a la coalición de hipocresía política. Recordó que el propio grupo de Compromís había solicitado en su día evitar los despidos de la plantilla del Consorcio y buscar su reubicación en la administración, lo que finalmente no se hizo por un informe desfavorable del secretario municipal.
“Compromís pedía lo que ahora denuncia”, ha reprochado la alcaldesa, subrayando la supuesta contradicción de la oposición. Catalá ha restado importancia a la apertura de diligencias, calificándola como un mero “trámite” que sigue a cualquier denuncia, y ha defendido que en el caso del Ayuntamiento se imputa la regularidad del acceso de un empleado público a una plaza mediante concurso oposición transparente. Evitó, sin embargo, comentar la actuación de la Autoridad Portuaria.
Un gobierno bajo cerco judicial
La implicación de María José Catalá y las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil en esta investigación de Anticorrupción complica el panorama político para el equipo de gobierno municipal. Con estas nuevas diligencias, ya son cinco los ediles investigados por la Fiscalía. Se suman a los concejales de Vox Juanma Badenas (por presunta prevaricación, malversación y falsedad) y Cecilia Herrero (por presunto delito de odio), lo que genera una situación delicada para la estabilidad del ejecutivo.
Reacciones y contexto político
La noticia ha generado reacciones encontradas en el ámbito político. La delegada del Gobierno y candidata socialista a la alcaldía, Pilar Bernabé, ha expresado su preocupación por el “daño reputacional” que esto supone para la ciudad y ha criticado que aparezcan estas sospechas bajo la supervisión del PP de la liquidación del Consorcio, después del esfuerzo realizado para condonar la deuda de 400 millones de euros del ente.
Por otro lado, desde la Generalitat Valenciana, el presidente Juanfran Pérez Llorca ha manifestado su respaldo absoluto a la alcaldesa, a quien considera “fantástica”, pidiendo respeto por la labor de la Justicia. Sobre la presidenta del Puerto, Mar Chao, ha minimizado las informaciones negativas, indicando que a menudo “luego la realidad es que no van las cosas a más”. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción deberá ahora determinar si estas sospechas tienen fundamento delictivo o si los procesos de selección fueron correctos.
