La Generalitat ha adjudicado cerca de 400 contratos de emergencia a 296 empresas para la reconstrucción tras la dana que tuvo lugar el pasado 29 de octubre. Así lo ha indicado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, en respuesta a una interpelación del PSPV durante el pleno de Les Corts.
El diputado socialista Toni Gaspar señaló que el Consell continúa utilizando la contratación de emergencia para estas obras, lo que, a su juicio, debería estar mejor justificado. Gaspar afirmó que mantener este tipo de contratos seis meses después evidencia una falta de organización y planificación por parte del Consell. Además, preguntó a la consellera si los contratos adjudicados de esta manera serían publicados, conforme a las indicaciones de la Abogacía de la Generalitat.
Gaspar también mencionó la existencia de otros procedimientos de contratación más simplificados que podrían ser usados en lugar de los contratos de emergencia, advirtiendo sobre el riesgo de corrupción asociado a esta práctica. Recordó que Merino criticaba esta modalidad cuando formaba parte de Ciudadanos y sugirió que la situación podría derivar en problemas económicos.
Ruth Merino, por su parte, defendió la necesidad de continuar con los contratos de emergencia. Argumentó que esta modalidad, permitida por la Ley de Contratos del Sector Público en situaciones urgentes, ha permitido actuar de manera inmediata en infraestructuras críticas como líneas ferroviarias o carreteras. La consellera aseguró que todos los contratos se han llevado a cabo con transparencia y control por parte de la Intervención.
Merino también señaló que el uso de esta fórmula no es opcional, sino una obligación para acelerar la reconstrucción y proteger el empleo. Asimismo, mencionó que durante la pandemia el gobierno anterior utilizó contratos de emergencia por un valor de 254 millones de euros.
Gaspar replicó que el Consell debería poner fin al uso de estos contratos y protegerse de potenciales problemas futuros. Pidió revisar cada contrato de emergencia y sugirió que muchos podrían haberse realizado de manera ordinaria. La consellera respondió que la transparencia seguirá siendo una constante y recordó que el Ministerio de Transportes y la Diputació de València también han contratado con algunas de estas empresas.
En respuesta a una pregunta de Compromís sobre los contratos adjudicados a empresas vinculadas a delitos durante gobiernos anteriores, Merino aseguró que todos cumplen con la normativa vigente y están disponibles para todas las administraciones, acusando a los valencianistas de generar alarmas infundadas.
