Valencia, 21 de julio – La Generalitat ha iniciado un curso de formación para policías locales bajo la organización del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en Cheste. Este curso, parte del Plan Integral contra la Ocupación, busca dotar a los agentes de herramientas jurídicas y operativas para actuar eficazmente ante delitos de usurpación ilegal de vivienda y allanamiento de morada, según ha informado la Generalitat.
Durante la inauguración, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, señalaron que el curso aborda ‘La nueva dimensión de los delitos de usurpación y allanamiento de morada desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).’
Sebastián Fernández destacó que el plan integral busca una respuesta coordinada ante el aumento de ocupaciones ilegales, resaltando la proximidad de la Policía Local con la ciudadanía como un factor clave. Indicó que esta formación es pionera en su ámbito y representa solo el comienzo de un plan más abarcador que involucra a tres Conselleries.
Fernández también subrayó la importancia de dotar a los ciudadanos de mecanismos para responder de inmediato ante casos de ocupación, agradeciendo al IVASPE y a la Policía su compromiso. Por su parte, Irene Rodríguez mencionó el interés suscitado por el curso, que ha llevado a ampliar las plazas disponibles, subrayando su carácter integral y práctico.
La Conselleria de Emergencias e Interior planifica realizar dos ediciones adicionales de esta formación en Alicante y Castellón durante el último semestre del año.
El curso, de cuatro días de duración, cuenta con profesores como el fiscal Anticorrupción de Valencia, Pablo Ángel Ponce, y los policías locales Juan Carlos Sola y Vicente Gay. Entre los temas a tratar figuran los aspectos jurídicos de la usurpación y allanamiento, la legítima defensa, el estado de necesidad, y los problemas procesales habituales en estos casos.
El enfoque práctico incorpora el análisis de casos reales y la preparación de protocolos de intervención, con especial atención a situaciones que involucran a menores o personas vulnerables. La acreditación de la no vulnerabilidad económica de las personas ocupantes es uno de los puntos clave, junto con el estudio de posibles infracciones administrativas relacionadas.
Además, se revisan manuales de ocupación disponibles en Internet y se reflexiona sobre el papel de las administraciones públicas frente a esta problemática.
