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La Guardia Civil eleva a 1,9 millones la presunta malversación de la Generalitat para financiar el 1-O

PUIGDEMONAGENCIAS La Guardia Civil sospecha de que la Generalitat camufló pagos del referéndum ilegal del 1-O en gastos que fueron gestionados por la asociación independentista Òmnium Cultural y por la coalición de Gobierno de Junts pel Sí (JxSí).

Así se desprende del informe remitido por el cuerpo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que se acredita una supuesta malversación de 1.915.067,22 euros por parte de la Generalitat -300.000 euros más de los señalados inicialmente-, y más de 17.000 euros procedentes de Junts pel Sí, que pudo pagar un acto público el 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña con subvenciones públicas.

En el documento, el instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: unos 980.000 euros destinados a los servicios postales de Unipost, otros 61.789 para carteles de publicidad, 217.656 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.

Òmnium pudo pagar el 1-O como “sociedad interpuesta”

La Guardia Civil sostiene que la Generalitat utilizó a Òmnium Cultural, sociedad presidida por el encarcelado Jordi Cuixart, como “sociedad interpuesta” para la distribución de carteles de publicidad que llamaban a la participación en el referéndum y que costaron 61.789 euros.

Según la Guardia Civil, a través de su exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana Antoni Molons -que fue detenido y registrado su despacho por orden judicial el pasado mes de marzo-, el Govern utilizó a Òmnium Cultural “para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar en el ilegal referéndum del 1-O”.

Los agentes sospechan de que fue la asociación la que gestionó los carteles, que llevaban el logo de la Generalitat, “para ocultar” que el Govern sufragaba los gastos. 

El instituto armado extrae estas conclusiones después del registro a la sede de Òmnium en Barcelona el pasado mes de marzo, así como el despacho y domicilio de Antoni Molons, quien fuera secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la Generalitat. Molons fue entonces detenido, acusado de los delitos de malversación y desobediencia, y quedó en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar, si bien fue destituido del cargo por el Gobierno.

Por otro lado, el documento indica que la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea (UE) y el Diplocat, dependientes de Raül Romeva, han asumido gastos de fondos públicos que alcanzan la cantidad de 217.656,22 euros. Sobre la actividad de la institución, la Guardia Civil está pendiente de investigar si se abonó una factura de 47.365 euros o no.

Para todos los públicos

Desglose de los gastos para actos y material electoral

La Guardia Civil también informa a Llarena de que Junts pel Sí abonó 17.690,20 euros al Teatro Nacional de Cataluña para un acto celebrado el 4 de julio de 2017, cantidad que pudo haber obtenido de “subvenciones públicas”. En el acto, Puigdemont presentó los detalles para presentar la ley del referéndum.

Según se desprende del informe, Llarena trabaja con otra línea de investigación sobre el posible pago con fondos públicos en unos informes realizados por Carles Viver Pi i Sunyer, el expresidente del Consejo Nacional para la Transición “y su entorno”.

Los agentes investigan también los 40.227 euros que se estima que costó la central de llamadas habilitada junto al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat para “gestionar y centralizar los datos del referéndum” y el material informático empleado.

Además, se incluyen cinco facturas de la empresa Unipost, giradas a los departamentos de Cultura (196.696,98 euros), Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98 euros), Salud (192.711,20) euros, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04 euros) y Presidencia (198.871,76 euros) y que, según la Guardia Civil, no constan en el registro contable de la Generalitat ni está acreditado que fueran finalmente abonadas. Los agentes creen que existieron “dos intentos de cobro” de una factura que Unipost tenía confeccionada para el Departamento de Trabajo, por lo que se conocía “tanto el servicio que se estaba solicitando como el destinatario al que se daba la orden de pedido”.

Con respecto a la publicidad en medios relacionada con el referéndum, los agentes fijan en 502.639,61 euros la cantidad destinada a anuncios de televisión en la campaña, además de los 979.661,96 euros referentes a la publicidad electoral con sobres a nombre de la Generalitat gestionada por Unipost.

Por último, los agentes calculan que el valor del material intervenido en papeletas en las actuaciones judiciales del 20 de septiembre asciende a 152.578,63 euros; y añade una partida de 60.000 euros en papeletas y sobres intervenidos en Igualada.

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